La Quinta Cámara de Apelaciones ratificó, con modificaciones, la condena a la Provincia de Mendoza en un juicio civil por la muerte de un preso que falleció, según la acusación, por una ineficiencia en el servicio médico de la penitenciaría.
La justicia condenó a la Provincia de Mendoza tras un juicio civil por la muerte de un preso en la cárcel de San Felipe.
El episodio que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel de San Felipe.
Foto: Axel LloretLa Quinta Cámara de Apelaciones ratificó, con modificaciones, la condena a la Provincia de Mendoza en un juicio civil por la muerte de un preso que falleció, según la acusación, por una ineficiencia en el servicio médico de la penitenciaría.
Los jueces intervinientes entendieron que el Estado provincial deben indemnizar a la madre e hija del interno fallecido, por lo que establecieron un resarcimiento de más de $24 millones -divididos entre la mujer y la menor-.
En tanto que en la sentencia, la jueza rechazó algunos de los rubros solicitados por la pareja del interno fallecido, identificado como Sergio Bustos.
Al igual que en abril de este año, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Civil dejó firme el fallo de un juicio civil que ordenaba indemnizar a la familia de un preso que falleció por sobredosis, ahora la justicia ordenó que el Estado Provincial le otorgue un resarcimiento a la pareja e hija de un interno que murió por “falta de atención médica”.
Todo ocurrió el 18 de agosto del 2019, cuando Bustos estaba privado de la libertad en el Complejo Penal San Felipe.
Días atrás, el hombre había sufrido intensos dolores de estómago y descompensaciones, pero pese a los reiterados reclamos por atención sanitaria, el interno no recibió la atención adecuada.
Fue así que su salud fue empeorando, a tal punto que el 14 de agosto fue derivado de urgencia al hospital Central, donde le diagnosticaron abdomen agudo quirúrgico, lo que generó que fuera sometido a varias cirugías, con perforación cecal y colon necrótico.
La jueza de primera instancia entendió que el estado debía responder por la muerte al haber existido “una falta de servicio”, sin embargo, hubo diferencias en algunos conceptos de daños reclamados.
Ahora la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil aceptó, en parte, el planteo de la mujer y ordenó una indemnización de $21 millones para ella y de $3.500.000 para el menor, hijo de la víctima.
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