La justicia civil ordenó que el Estado provincial indemnice a la familia de un preso que murió por sobredosis de cocaína.
Polémico juicio civil por la muerte de un preso por sobredosis de cocaína.
Foto: Prensa Gobierno de MendozaLa Cámara de Apelaciones en lo Civil dejó firme el polémico fallo de un juicio civil que ordena al Estado provincial a indemnizar, con más de $46 millones, a los herederos de un preso que murió en la cárcel por sobredosis de cocaína.
La sentencia, firmada por la Cuarta Cámara de Apelaciones Civil, sorprendió a las partes, debido a que ahora el Estado provincial deberá pagar una fortuna (se estiman que serán más de $60 millones teniendo en cuenta los intereses) por un interno que sufría una adicción a las drogas y que presentaba también trastornos psicológicos.
Fuentes judiciales indicaron a este diario que, en principio, el Estado provincial intentará llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a través de un recurso extraordinario.
El caso en cuestión salió a la luz en la Navidad del 2017, cuando el interno Jesús Julio Chavarría fue hallado muerto en su celda de la penitenciaría provincial.
La necropsia realizada por los investigadores judiciales indicó que la causa de muerte había sido por un “fallo cardíaco agudo e insuficiencia cardíaca por altas dosis de cocaína libre”.
La familia del hombre decidió demandar al Estado provincial como responsable de la muerte del interno, entendiendo que el Servicio Penitenciario debía asistir al reo y, por ende, evitar el desenlace fatal.
En la demanda, los herederos de Chavarría plantearon que el hombre “padecía trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y otras sustancias psicoactivas”, por lo que el tratamiento recomendado desde el Servicio Penitenciario era proporcionar clonazepam, “sin proporcionar ningún tratamiento psicológico para tratar dicha adicción”.
En ese sentido, agregaron que “esa falta de atención necesaria por parte del Servicio Penitenciario llevó a la muerte de Chavarría”.
Ahora bien, sorpresivamente, la justicia avaló la demanda. Primero lo hizo el Tercer Tribunal de Gestión Asociada, quien fijó una indemnización de más de $46 millones para la familia del preso.
El estado provincial apeló ese fallo y ahora la Cámara de Apelaciones rechazó el planteo, por lo que la sentencia está a un paso de quedar firme.
Los jueces que intervinieron en el proceso entendieron que “no existe constancia de que el procesado haya tenido algún tipo de tratamiento médico”, por lo que el Estado “incumplió la obligación de atención médica correspondiente”.
Entonces, los magistrados entendieron que “cabe atribuir responsabilidad al Estado Provincial por la muerte de Chavarría, al existir un incumplimiento en su deber de garantizar la integridad psicofísica del detenido”.