La Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza aprobó las modificaciones en el Proceso de Pequeñas Causas y dio la sanción definitiva. De qué se trata.
La Cámara de Senadores aprobó cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumo
Foto: Prensa Legislatura de MendozaLa Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza le dio la aprobación final al proyecto que modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, con el objetivo de ampliar el acceso a la justicia en pequeñas causas, frente al contexto inflacionario.
Específicamente, el inciso b del artículo 218° es el que recibirá cambios una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la norma. El objetivo es evitar que los ciudadanos vean restringidos sus derechos por el desfasaje de los montos y que puedan resolver sus reclamos de forma ágil y accesible.
La actualización permitirá que los reclamos que antes tenían un tope de tres Unidades de Medida Arancelaria (JUS), equivalentes a unos $1,5 millones; se extiendan a cinco JUS, es decir, cerca de $2,5 millones tomando como referencia el valor actual de la unidad (alrededor de $541 mil).
La iniciativa fue impulsada por el senador David Sáez y remitida en segunda revisión por la Cámara de Diputados. Recibió la aprobación en la sesión de este martes y quedó en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
Sáez destacó que la modificación responde a la necesidad de adecuar la normativa a la realidad económica del país y de garantizar a los ciudadanos el acceso a una justicia más rápida, ágil y gratuita.
El legislador remarcó que el Proceso de Pequeñas Causas es una herramienta destinada principalmente a resolver conflictos de consumo de menor cuantía, como compras defectuosas, facturaciones indebidas o problemas con servicios, situaciones que muchas veces afectan a los consumidores y quedan sin respuesta por no poder afrontar los costos de un juicio tradicional.
El proyecto fue sometido a votación, por lo que resultó aprobado por 29 votos afirmativos y 8 abstenciones. La propuesta fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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