La justicia condenó a la Provincia de Mendoza en un juicio civil por la golpiza que sufrió un preso en la cárcel Almafuerte.
El hecho que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel Almafuerte.
Foto: Yemel FilEl Primer Tribunal de Gestión Asociada condenó a la Provincia de Mendoza en un juicio civil por la brutal golpiza que sufrió un preso en la cárcel Almafuerte y ahora el Estado deberá indemnizar a la víctima con más de $56 millones, monto al que se le deberá sumar todos los intereses ocasionados en la causa.
La sentencia, conocida en los últimos días, declaró a la Provincia de Mendoza responsable por la paliza que sufrió el interno, quien como consecuencia de la agresión perdió la visión de uno de sus ojos.
El reo, estaba autorizado a pasar a un pabellón “de confianza” de cara a su conducta, pero el traslado se demoró y en el medio de esto ocurrió la agresión, por lo que la justicia entendió que el Servicio Penitenciario no prestó un servicio de seguridad adecuado con el hombre.
El caso en cuestión ocurrió en noviembre del 2022, cuando un grupo de internos irrumpió en la celda de la víctima y lo atacó violentamente.
El damnificado, de quien se reserva su identidad por protección, sufrió heridas de gravedad en varias partes del cuerpo y debió ser trasladado, de urgencia, al hospital Central, donde estuvo internado varios días.
Lo cierto es que, como consecuencia de las lesiones sufridas, el reo perdió la visión del ojo derecho.
Tras el caso, el hombre, asistido por el abogado Antonio Carrizo, demandó al Estado fundamentando que al momento del hecho, él debería haber estado en otro pabellón.
Es que el interno, condenado a 11 años de cárcel en octubre del 2018, tenía conducta 10 en su legajo y en marzo del 2022 se le había otorgado la “fase 3”, a través de la cual debía ser llevado a un pabellón de beneficios como el acceso a trabajo y estudio.
Incluso, el reo había advertido que en el sector donde estaba alojado, corría peligro su integridad física.
Con esta demanda, la justicia entendió que el Estado provincial era responsable por la falta de servicio ya que “omitió velar por la seguridad del interno”.
“Los agresores tuvieron la posibilidad de atacarlo en el sector en donde el mismo se alojaba, con elementos punzo cortantes de construcción casera, burlando todos los controles, lo que evidencia la carencia de los mismos y la ausencia o faltante de personal idóneo para establecer un adecuado monitoreo de los reclusos”, indicaron los jueces intervinientes.
Por esto, se estableció una indemnización de $56.625.759, más los intereses establecidos en la sentencia.
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