El gobernador mendocino se reunió con Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) para definir la estrategia judicial para salvar a YPF.
Alfredo Cornejo junto con Nacho Torres y Claudio Vidal, gobernadores de Chubut y Santa Cruz respectivamente, recurrirán a la Justicia para frenar el juicio a YPF en Estados Unidos. Este lunes, el mandatario mendocino viajó a Buenos Aires donde se reunió con sus pares, posteriormente se presentaron en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py, y adelantaron que irán al Departamento de Justicia estadounidense.
Las tres provincias buscan presentarse como querellantes en el juicio que enfrenta la empresa nacional en Estados Unidos. El objetivo es que se investiguen irregularidades en la compra de la familia Eskenazi, mediante el Grupo Petersen del cual es dueña.
Cornejo visitó hoy la Casa de Chubut en Buenos Aires donde dialogó con los dos gobernadores patagónicos. Los mandatarios de provincias petroleras quieren realizar una acción penal con el fin de investigar la compra y expropiación de YPF, para finalmente lograr suspender la acción civil.
“Queremos frenar el atropello de malas gestiones kirchneristas por las que hoy todos los argentinos estamos sometidos a un juicio que compromete la soberanía nacional y el futuro de nuestras provincias productoras de petróleo”, dijo Cornejo.
Por su parte, Torres manifestó: "de ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal”.
A Cornejo, Torres y Vidal, podrían sumarse los gobernadores de Neuquén y Río Negro para recurrir a la Justicia de Estados Unidos. Si logran demostrar irregularidades en la llegada de la familia Eskenazi a YPF en 2007, se caería la demanda en Nueva York por supuesta expropiación irregular.
Hoy las provincias también presentaron un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender su participación accionaria en YPF en el marco del juicio que lleva adelante la jueza Preska. El fallo de la magistrada neoyorkina “no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado Argentino”, explicó Torres.
En el centro de la escena aparecen los herederos del Grupo Petersen, la familia Eskenazi, que años atrás compró el 25% de la compañía con un esquema singular: financiarse con futuros dividendos.
La historia se remonta a 2007, cuando el Grupo Petersen —controlado por Enrique Eskenazi y sus hijos— adquirió un cuarto de YPF a Repsol. La operación, de alrededor de $3.000 millones de dólares, se concretó sin que los compradores desembolsaran capital propio: la española Repsol y un consorcio de bancos internacionales —entre ellos Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank— financiaron la compra, con la garantía de que los dividendos de YPF cubrirían las cuotas de la deuda.
Ese modelo funcionó hasta 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la Ley N°26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, expropiando el 51% de YPF y prohibiendo el reparto de dividendos. Sin ese flujo de fondos, el Grupo Petersen incumplió sus compromisos y terminó en quiebra.
La quiebra de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora fue tramitada en España. En 2015, el derecho a litigar contra la Argentina fue subastado por el síndico designado por el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid. El ganador fue Burford Capital, un fondo especializado en financiar pleitos internacionales, que también asumió el financiamiento del reclamo de Eton Park, otro accionista afectado.
Aunque Burford no compró las demandas —sólo el derecho a gestionarlas—, el acuerdo le otorga el 70% de cualquier eventual cobro, mientras que el 30% restante corresponderá a la masa de acreedores de Petersen. En los hechos, esto deja a la familia Eskenazi sin compensación directa, ya que las deudas superan con creces lo que podría ingresar por esa vía.
El juicio no discute la potestad del Estado argentino para expropiar, sino la falta de cumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que exigía el estatuto de YPF para proteger a los accionistas minoritarios. El incumplimiento permitió que la demanda se presentara en Nueva York, bajo las reglas de Wall Street, donde la petrolera cotiza desde los años 90.
