El diputado habría recibido dinero de un sospechoso narco y fue destinado a la campaña presidencial de 2019. A qué consecuencias se enfrenta José Luis Espert.
Un apunte contable fechado el 1° de febrero de 2020, escondido en los registros clandestinos del fideicomiso Aircraft Guarantee Corporation, encendió la polémica porque José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza (LLA) y candidato a la reelección por la provincia de Buenos Aires, aparece como beneficiario de 200.000 dólares provenientes de una red de narcotráfico y lavado de dinero, para la campaña presidencial en 2019.
Se trata de una organización liderada por Federico “Fred” Machado, un empresario rionegrino detenido en Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos. Los documentos, incautados por la fiscalía del Distrito Este de Texas, forman parte de un expediente de 95 páginas del que se hizo eco una investigación del medio El DiarioAr y que el dirigente Juan Grabois utilizó como fuente para radicar una denuncia ante la Justicia argentina.
El diputado libertario José Luis Espert podría recibir severas penas políticas y penales si se comprueba que recibió dinero del narcotráfico y fuera condenado por ese delito.
Los penas por los delitos de recibir dádivas o ayuda económicas del narcotráfico están incluidas en las leyes de lavado de dinero de Financiamiento de los Partidos Políticos, pero también la Cámara de Diputados puede expulsarlo por “inhabilidad moral,” como lo establece el artículo 66 de la Constitución, u otorgar su desafuero si así lo pide un juez.
En las últimas semanas, distintos medios difundieron documentación judicial de Estados Unidos que da cuenta de presuntos aportes financieros y logísticos de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019, aunque el legislador sostiene que se trata de “una campaña sucia” que viene desde el 2021.
Entre las pruebas citadas se menciona un giro de 200 mil dólares recibido en 2020 desde un fideicomiso compartido por Machado con otra empresaria, así como vuelos y vehículos presuntamente puestos a disposición del economista durante sus actividades.
Según la legislación argentina, los partidos que reciban fondos prohibidos pueden ser sancionados con:
El Código Electoral Nacional prevé sanciones administrativas y penales por falsear informes contables o encubrir el origen de fondos. Además, mediante la Ley de Fueros, la Cámara de Diputados puede, con el voto de los dos tercios de sus miembros, imponer sanciones a sus integrantes, lo que incluye su remoción por “inhabilidad física o moral o por desorden de conducta”.
El proceso legal se puede desarrollar sin que se afecten los fueros, pero si un juez pide un desafuero, como sucedió en el caso de Julio De Vido, el cuerpo legislativo lo puede otorgar siempre y cuando reúna los dos tercios de los miembros presentes.
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