La ministra Mercedes Rus brindó detalles sobre la gestión de este 2026. Destacó la incorporación de la tecnologóa y la creación de cuatro laboratorios únicos en el país.
La ministra Mercedes Rus brindó detalles sobre la gestión de este 2026
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza presentó un balance integral de gestión, dividido en tres grandes ejes: la evolución de los delitos considerados más desafiantes al inicio de la gestión, la aplicación de tecnología y ciencia a la seguridad, y el fortalecimiento del trabajo conjunto con la Justicia y los municipios como aliados estratégicos en la política criminal.
Uno de los principales desafíos al asumir la gestión estuvo vinculado a delitos asociados al contexto económico, como el robo de cobre, medidores, luminarias, ruedas de vehículos, celulares y la faena clandestina. Estos ilícitos alimentan mercados ilegales que no solo generan pérdidas materiales, sino que también afectan la seguridad pública y, en algunos casos, la salud de la población.
En diálogo con Sitio Andino, la Ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus señaló: "En este sentido, hemos tenido un avance positivo, implementamos el Plan Cobre y hemos tenido una reducción de un 85% en el robo de transformadores".
El Plan Cobre arrojó resultados contundentes, según los datos aportados por las propias empresas eléctricas. "En este plan ha sido muy importante la colaboración público-privada y la verdad es que estamos contentos con esos resultados, por tanto tenemos que seguir trabajando", afirmó Rus.
Por otra parte, se creó una Dirección de Leyes Especiales, con equipos especializados que trabajan tanto en territorio como en el ciberpatrullaje, algo que resulta clave para detectar la comercialización ilegal de bienes en redes sociales y plataformas digitales.
Gracias a la nueva normativa, ya se logró el secuestro de más de 900 celulares robados, en el marco de controles que abarcan tanto comercios físicos como el ámbito digital. Este esquema replica el sistema de trazabilidad aplicado al cobre, permitiendo identificar el circuito completo del delito.
En materia de faena clandestina, durante este año se implementó un plan específico que permitió el secuestro de 13 toneladas de productos cárnicos ilícitos y la apertura de múltiples causas penales, algunas bajo el artículo 201 del Código Penal, que prevé penas de hasta 10 años de prisión.
Entre los procedimientos destacados, se realizó un megaoperativo que desarticuló una faena sistemática de guanacos, cuya carne era comercializada ilegalmente en Mendoza.
"Lo cierto es que hemos avanzado y mucho en estos aspectos, hemos visto una reducción en el robo de autos y motos", confirmó la Ministra. Sin embargo, remarcó que se trata de delitos complejos que requieren sostener y profundizar las medidas implementadas.
Otro de los pilares del balance fue la modernización tecnológica, con el objetivo de lograr la prevención, respuesta más rápida y mayor eficacia en la investigación penal. Para la Ministra, este es un aspecto en el que el Ministerio se involucró con especial atención, incluyendo la tecnología y sistemas aplicados a la seguridad.
Además, el sistema 911 incorporó mejoras que permiten identificar automáticamente a la víctima y su ubicación, reduciendo tiempos de respuesta. Esta herramienta resulta clave también para el turismo, ya que Mendoza recibe más de 50 vuelos internacionales semanales, y el sistema permite asistir a visitantes sin necesidad de que brinden datos precisos de ubicación.
A partir de esta tecnología, se avanzó además en la localización de personas involucradas en hechos delictivos, mediante sistemas que permiten identificar su posición a través de antenas durante persecuciones. Mercedes Rus lo calificó como un sistema sumamente nuevo y moderno.
En cuanto a videovigilancia, el Gobierno provincial realizó una importante inversión económica y promovió cambios legislativos que permitieron ampliar su alcance. Actualmente, el sistema registra un 25% más de lecturas de patentes, con 9 millones de lecturas mensuales, lo que optimiza la detección de vehículos robados.
Además, comenzó la incorporación de cámaras con reconocimiento facial, destinadas a identificar personas con pedido de captura judicial.
Estas herramientas permiten detectar delitos en tiempo real, facilitar la intervención policial inmediata y aportar pruebas clave para las investigaciones, fortaleciendo el mensaje de seguridad y la respuesta judicial.
El tercer gran eje del balance fue la ciencia aplicada a la seguridad, un área que Mendoza decidió fortalecer de manera estratégica. En este sentido, la provincia contará en 2026 con cuatro laboratorios especializados, convirtiéndose en la única del país con esta infraestructura integral.
Uno de ellos es el Laboratorio de Huellas Genéticas, que fue ampliado mediante una modificación legal. Desde julio a la fecha se incorporaron 6.500 nuevas muestras, alcanzando un total cercano a 100.000 registros, lo que lo convierte en el más grande del sur de América.
También se inauguró un Laboratorio Forense Digital, dedicado al análisis de evidencia electrónica secuestrada en investigaciones penales. Este espacio es clave para combatir estafas virtuales, el comercio ilegal online y el ciberpatrullaje, y está integrado por especialistas en análisis criminal y tecnología.
Otro avance significativo fue la puesta en marcha del Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros, único en el oeste argentino, que fortalece la seguridad vial y brinda herramientas tanto a la Policía Vial como a los municipios para mejorar los controles y reducir los accidentes de tránsito fatales.
Finalmente, se anunció que en 2026 estará operativo el Laboratorio de Balística, que permitirá vincular armas y proyectiles con distintos hechos delictivos, auditar el mercado ilegal de armas y fortalecer investigaciones vinculadas a homicidios, robos y narcotráfico. Mendoza será la única provincia del país en contar con este tipo de laboratorio policial.
La Ministra destacó que este enfoque integral (que combina prevención, tecnología, ciencia, investigación y trabajo articulado con la Justicia y los municipios) busca consolidar un sistema en el que quien delinque sepa que será identificado, perseguido y juzgado, reforzando así la seguridad y la confianza ciudadana.