La privatización parcial de Nucleoeléctrica abre un debate sobre soberanía energética, el futuro del CAREM-25 y la política nuclear en Argentina.
El anuncio del Gobierno nacional de avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) abrió un debate que trasciende los números de un balance superavitario y coloca en el centro de la discusión la orientación de la política energética del gobierno de Javier Milei.
La decisión de vender el 44% de las acciones de la compañía, pese a que registra superávits significativos y resulta estratégica para el desarrollo del país, pone en guardia no sólo al Congreso, sino también a la comunidad científica y a los especialistas del sector.
Nucleoeléctrica Argentina es la empresa responsable de operar las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. En conjunto, estas plantas suman 1.763 megavatios de potencia instalada y aportan alrededor del 7% de la electricidad nacional. Se trata, además, de una de las pocas compañías estatales con balances positivos: solo en el primer semestre de 2025 obtuvo un resultado operativo de 103.000 millones de pesos, equivalentes a 70 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
En este contexto, la iniciativa oficial aparece como una paradoja. El propio Ejecutivo admite que la empresa muestra un desempeño financiero robusto, pero insiste en que la apertura al capital privado permitirá atraer nuevas inversiones y asegurar proyectos de envergadura, como la extensión de la vida útil de Atucha I y la puesta en marcha del sistema de almacenamiento en seco de combustibles gastados.
El esquema contempla la venta de un bloque del 44% de las acciones mediante licitación nacional e internacional, y la cesión de un 5% adicional al Programa de Propiedad Participada, que habilita la inclusión de trabajadores en el capital accionario. El Estado conservaría el 51% y, con ello, el control formal de la compañía.
El marco legal para avanzar con esta operación es la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, aprobada en 2024, que autoriza la privatización de empresas estatales. El presidente Javier Milei ha reiterado que todas las firmas públicas deben atravesar un proceso de “irremediable privatización”, en consonancia con su programa de “destrucción del Estado desde adentro”.
Uno de los puntos más sensibles de la discusión gira en torno al futuro del CAREM-25, el primer reactor modular de potencia diseñado y construido íntegramente en Argentina. Con un avance de obra estimado en el 65% y una inversión acumulada de 750 millones de dólares, el proyecto requiere 200 millones adicionales para su finalización (un décimo de lo que el Gobierno entregó ayer a los agroexportadores).
El CAREM permitiría al país ingresar en el competitivo mercado de los reactores modulares pequeños (SMR), un segmento de la industria nuclear en el que compiten Estados Unidos, Rusia y China. La concreción de esta iniciativa colocaría a Argentina en la vanguardia tecnológica y le otorgaría capacidad de negociación internacional.
Una privatización podría comprometer la continuidad del programa. Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), sostuvo que el mayor riesgo no es financiero, sino humano: “Desfinanciar y desmoralizar a los equipos de trabajo hace que sea más difícil reconstruirlos. Lo que se pierde no es solo un proyecto, sino una cadena de valor que involucra a más de mil pymes y a un capital humano altamente especializado”.
La oposición legislativa reaccionó en las últimas horas. El jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, presentó un proyecto para declarar al sistema nuclear argentino como bien público y estratégico, con el objetivo de impedir la enajenación de activos. Con un argumento gráfico, señaló: “Ni la Coca-Cola te vende su fórmula”, en alusión al carácter sensible del conocimiento acumulado en NASA.
Otro punto de controversia es la obligación impuesta a la CNEA de desprenderse del 20% de sus acciones en la empresa, lo que, según Serquis, implicaría marginar a la institución que formó a los profesionales e ingenieros que sostienen el desarrollo nuclear argentino.
En paralelo, el Gobierno promueve el acercamiento con capitales estadounidenses. El presidente del Consejo Nuclear Argentino, egresado del Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de Cuyo, Demian Reidel, anunció la incorporación del país al programa FIRST de Estados Unidos, orientado al desarrollo de reactores modulares pequeños. Algo así como la cesión de un sector estratégico a intereses externos, firmada por el mismo hombre que en tierras norteamericanas, ofreciendo la Patagonia para el desarrollo de proyectos tecnológicos, aseguró que el problema de nuestro país era que “estaba lleno de argentinos”.
La discusión sobre el destino de Nucleoeléctrica Argentina no debe reducirse a la eficiencia de su gestión ni al atractivo de sus balances, sino al valor de la soberanía tecnológica y energética del país. La energía nuclear no solo provee electricidad limpia, sino que también confiere prestigio internacional y capacidad de negociación geopolítica.