El Gobierno eliminó los aportes obligatorios a COVIAR y cerró el ciclo del PEVI. Historia, logros, conflictos y futuro de la vitivinicultura argentina.
La COVIAR un eje importante en el desarrollo de la vitivinicultura argentina
A comienzos de los 2000 la vitivinicultura argentina cruzaba una encrucijada. La crisis del 2001 había sacudido los cimientos económicos del país, pero paradójicamente abrió una ventana de oportunidad: el dólar disparado hacía competitivos a los vinos nacionales en el mundo, y las bodegas podían hacer rendir las inversiones y reconversión tecnológica lograda en la década del 90 gracias a la convertibilidad.
Fue en ese contexto que, a fines del año 2000, un grupo de asociaciones vitivinícolas con representación en el Consejo Local Asesor del INTA se propuso formular un plan estratégico que guiara el desarrollo de la actividad durante los próximos años. El resultado de ese proceso colectivo sería, cuatro años después, la creación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y su instrumento central: el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
La Corporación Vitivinícola Argentina fue creada formalmente por la Ley 25.849, sancionada en febrero de 2004 y reglamentada por el Decreto 1191 del mismo año. Desde su nacimiento, fue concebida como un organismo público-privado sui generis: una entidad con jurisdicción nacional que reunía bajo un mismo techo a cámaras empresariales, gobiernos provinciales y organismos técnicos del Estado.
La arquitectura institucional fue innovadora. COVIAR quedó conformada por 13 entidades privadas de las provincias vitivinícolas, junto al INTA, al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), los Gobiernos Provinciales y el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Su directorio, integrado por diecisiete miembros titulares, combinaba representantes del sector privado (asociaciones de viñateros y productores) con funcionarios del sector público.
El financiamiento fue diseñado con un mecanismo automático: la Ley 25.849 estableció contribuciones obligatorias para las empresas vitivinícolas, bodegas, productores de mosto y uva en fresco, que el INV recaudaba y transfería a la corporación. Ese esquema garantizaba a COVIAR un flujo previsible de recursos sin depender del ciclo electoral ni de las prioridades cambiantes de la administración de turno.
El corazón de COVIAR fue siempre el Plan Estratégico Vitivinícola. El PEVI fue diseñado para crear valor a través de la organización e integración de los actores de la cadena, la producción de vinos con mayor calidad y consistencia en todos los segmentos, el desarrollo de la capacidad exportadora y la penetración y fidelización de mercados internacionales.
La visión era audaz: posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, alcanzar exportaciones por 2.000 millones de dólares anuales y capturar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020. Esos números no eran fantasiosos en el contexto de mediados de la primera década del siglo: el Malbec argentino comenzaba su ascenso meteórico en las mesas del mundo.
Los programas operativos de COVIAR abarcaron un espectro amplio. En el plano externo, la corporación canalizó fondos hacia la promoción internacional de vinos varietales a través de organismos como Wines of Argentina. En el frente interno, desarrolló campañas de reposicionamiento del vino en el consumidor local. Y en el plano social, articuló los Centros de Desarrollo Vitícola para integrar a pequeños y medianos productores que de otro modo habrían quedado al margen del proceso modernizador.
El balance de dos décadas de COVIAR es, inevitablemente, mixto. Entre los activos más sólidos figura la creación del Observatorio Vitivinícola Argentino, una herramienta de información que mejoró la toma de decisiones en todo el sector. El impulso al enoturismo federal, con jornadas nacionales de Turismo del Vino realizadas en todos los puntos vitivinícolas del país, democratizó un segmento que antes se concentraba exclusivamente en Mendoza.
La corporación también fue el ámbito donde la vitivinicultura argentina procesó parte de sus tensiones internas. En 2020, en el marco de un conflicto por la forma de elección de autoridades, Bodegas de Argentina y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este se retiraron de COVIAR. Esa fractura marcó el inicio de una etapa de mayor cuestionamiento al modelo de financiamiento y a la pertinencia del esquema.
Los debates dentro del sector eran múltiples: la concentración productiva, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de uvas, la distribución de los recursos entre grandes bodegas y pequeños viñateros. Y entre bastidores, el peso de los liderazgos internos y las alianzas políticas entre cámaras marcaban el ritmo real de la institución.
El año 2023 fue un punto de inflexión particularmente duro. Una de las cosechas más bajas de la historia, combinada con fuertes caídas en el mercado externo e interno, redujo el presupuesto previsto para el PEVI prácticamente a la mitad. COVIAR debió gestionar ante la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Economía para obtener un refuerzo presupuestario extraordinario que permitiera sostener sus programas.
En agosto de 2025, el directorio de COVIAR aprobó un incremento del 45% en la alícuota de la contribución obligatoria. La medida fue rechazada de plano tanto por el Ejecutivo nacional como por referentes del sector bodeguero que venían cuestionando el esquema de aportes compulsivos.
El 6 de mayo de 2026, la Secretaría de Agricultura publicó en el Boletín Oficial la Resolución 55/2026: el documento que clausuró formalmente el ciclo del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 y eliminó las contribuciones obligatorias previstas en la Ley 25.849. La norma fijó además un plazo máximo de tres meses para que COVIAR presentara un informe final con rendición de cuentas, cumplimiento de metas y destino de los recursos acumulados.
La resolución también dispuso que los fondos públicos remanentes fueran reincorporados al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y fue explícita en un punto: la medida no implicaba la disolución de COVIAR, que mantendría su personería jurídica. Lo que terminaba era el financiamiento coactivo.
Desde el Gobierno, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger calificó el esquema previo de “aberración”, señalando que en 22 años se recaudaron US$300 millones “para financiar resultados que nunca llegaron”: las exportaciones jamás alcanzaron los US$2.000 millones proyectados y la participación argentina en el comercio mundial de vinos se mantiene por debajo del 2,5%.
Desde COVIAR, la respuesta fue contundente: la corporación calificó la resolución de “improcedente, inconsulta e inoportuna” y denunció que la medida “se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad”. La entidad convocó a reunión de emergencia de su directorio para definir acciones de defensa.
El sector empresario apareció fragmentado: la Cámara de Bodegueros de San Juan y Bodegas de Argentina celebraron la medida; la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes también la avalaron. Otros actores, vinculados a programas de pequeños productores, expresaron preocupación por el impacto social.
COVIAR no desaparece de inmediato, pero su futuro es genuinamente incierto. La entidad deberá presentar un informe de cierre que detalle los logros alcanzados, el uso de los fondos durante más de dos décadas y la rendición de cuentas completa. La credibilidad de ese documento será determinante para la narrativa sobre el legado de la institución.
Más importante aún es la pregunta sobre el modelo que reemplazará al PEVI. El Gobierno de San Juan fue explícito: COVIAR no desaparece, pero “entra en una etapa en que su sostenibilidad dependerá del compromiso real del propio sector vitivinícola”. En otras palabras: aportes voluntarios, al estilo de organismos como Wines of Argentina.
La experiencia internacional muestra que los modelos de promoción sectorial basados en aportes voluntarios tienen dificultades para sostener acciones de largo plazo. La vitivinicultura chilena, neozelandesa y australiana han desarrollado esquemas mixtos que combinan aportes de la industria con fondos estatales en proporciones variables.
Para los pequeños productores, quizás el segmento más vulnerable del sector, la disolución del esquema PEVI genera interrogantes concretos sobre la continuidad de los Centros de Desarrollo Vitícola y los programas de asistencia técnica que COVIAR articulaba. Son miles de familias en Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y Río Negro cuyo acceso a capacitación y mercados dependía, al menos parcialmente, de esos programas.
Lo que parece claro es que la vitivinicultura argentina necesita una planificación estratégica de largo plazo más que nunca. Los mercados globales del vino se están transformando: el cambio climático presiona los viñedos, las nuevas generaciones consumen menos vino que las anteriores, y competidores como España, Italia, Francia y Chile invierten masivamente en promoción genérica. La pregunta no es si Argentina necesita un plan: la pregunta es quién lo va a diseñar, financiar y ejecutar en la próxima década.
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