En el debut del nuevo mapa político, la Cámara Baja dio media sanción a la pauta de gastos y la giró al Senado. La movida de último momento del oficialismo que no prosperó. Cuál fue la posición de los representantes de Mendoza.
En el debut de la nueva conformación de la Cámara de Diputados, que comenzó a funcionar el 10 de diciembre tras el recambio legislativo, el presidente Javier Milei obtuvo una victoria que sabe más derrota bajo esta nueva correlación de fuerzas, con la aprobación del proyecto de Presupuesto 2026, pero el rechazo de un aspecto clave para Casa Rosada. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional fue girada al Senado para obtener la sanción final.
Tras varias horas de debate, cerca de las 0.30 del jueves la votación en general se resolvió con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. En ese marco, los diputados mendocinos tuvieron posiciones divididas y algunos de ellos tomaron la palabra durante el debate para fijar postura sobre la “ley de leyes” enviada por Casa Rosada.
En cuanto a la votación por capítulos, para garantizar el acompañamiento de la mayoría, el oficialismo negoció hasta último momento concesiones a las provincias, y principalmente a la CABA, para blindar el polémico artículo 75, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad, sancionadas por amplia mayoría este año en el Congreso.
Se incorporaron apartados para adecuar partidas presupuestarias a fin de cumplir el fallo de la Corte Suprema que exige la devolución de los fondos coparticipables por el traspaso del área de seguridad a la órbita porteña, que el gobierno de Alberto Fernández redujo de 3,5% a 2,32%; así como una asignación adicional de $21.347 millones para el Poder Judicial de la Nación. La movida fue denunciada por el peronismo como una "extorsión" a la Justicia para evitar un eventual fallo en contra de la derogación de las normas.
A la hora de la votación en particular, el capítulo que contenía ese artículo, así como la eliminación de la ampliación de la Zona Fría —entre otros—, fue rechazado y, por lo tanto, se cayó todo ese apartado. La votación fue de 117 votos afirmativos y 123 negativos (más dos abstenciones), por lo tanto las leyes que intentaba derogar quedaron firmes. Esta situación abre la posibilidad de que, en caso de que el Senado apruebe la misma norma de Diputados, el presidente Javier Milei vete el propio Presupuesto que envió al Congreso, ya que La Libertad Avanza considera fundamental ese capítulo para su plan de gobierno 2026. O, en todo caso, que el oficalismo intente reincorporarlo en la Cámara Alta y —de no prosperar— votarlo en contra. Casi un sinsentido.
En ese caso, por tercer año consecutivo, la administración libertaria debería reconducir el presupuesto de 2023, reasignando partidas discrecionalmente, como ocurrió en los primeros dos años de gobierno.
El primero de los representantes de la provincia en tomar la palabra durante la sesión fue Lisandro Nieri (UCR), quien defendió el equilibrio fiscal como eje central del proyecto. Remarcó que el orden en las cuentas públicas es una condición necesaria para el crecimiento y la previsibilidad económica, y señaló que la Argentina arrastra problemas estructurales derivados de déficits crónicos. En ese sentido, sostuvo que el texto enviado por el Ejecutivo apunta a consolidar una lógica de responsabilidad fiscal, dejando atrás prácticas que —según planteó— deterioraron la economía y la confianza.
En ese marco, el exministro de Hacienda de Mendoza puso el foco en la obra pública y la inversión, al sostener que no se trata de eliminarla sino de hacerla posible de manera sostenible. Planteó que solo con cuentas ordenadas el Estado puede encarar infraestructura estratégica y atraer inversión privada, y advirtió que los esquemas deficitarios terminan paralizando obras, encareciendo el financiamiento y frustrando el desarrollo a mediano y largo plazo.
Por su parte, la demócrata Mercedes Llano (La Libertad Avanza) sostuvo que el Presupuesto 2026 “restituye el contrato central entre el Parlamento y la ciudadanía”, al garantizar un esquema superavitario y un sendero de orden fiscal. En su intervención, cuestionó duramente los presupuestos "deficitarios" aprobados en gestiones anteriores, a los que vinculó con el aumento de impuestos, la emisión monetaria y el "crecimiento de un Estado sobredimensionado".
Remarcó que el proyecto refleja un cambio de modelo hacia un Estado mínimo, con el "menor nivel de gasto nacional sobre el PBI en los últimos 30 años". Además, destacó la incorporación de la ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal, que prohíbe presupuestos deficitarios y establece sanciones para funcionarios que aumenten gastos sin financiamiento, al señalar que “el patrimonio de los ciudadanos es sagrado y el Poder Legislativo debe ser su principal guardián”.
En tanto que Emir Félix, uno de los debutantes en el rol, cuestionó el concepto de equilibrio fiscal del Presupuesto 2026 y advirtió sobre la existencia de un “déficit oculto”, al señalar que no se contemplan adecuadamente los costos de mantenimiento de la infraestructura ni el cargo de los intereses de deuda. Desde su experiencia como exintendente de San Rafael, sostuvo que no invertir en el sostenimiento de rutas y obras existentes implica trasladar un pasivo a futuros gobiernos.
El diputado justicialista puso el foco en el impacto del proyecto sobre Mendoza, especialmente por la exclusión del régimen de Zona Fría, que —según alertó— implicará un aumento del 43% en la factura del gas desde enero. Señaló que esta medida afectará gravemente a las familias mendocinas y a las economías regionales, y pidió a los legisladores de la provincia que busquen consensos para evitar ese escenario.
El cierre de las declaraciones individuales (previo a las exposiciones por bloques) estuvo a cargo de Luis Petri (LLA), quien tuvo su primera experiencia como vicepresidente segundo de la Cámara. Abrió con un fuerte "palo" para el kirchnerismo, al cuestionar los carteles que reclamaban la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Sostuvo que esa consigna implicaba “no respetar la división de poderes”, y acusó a la oposición de defender prácticas que "atentan contra el sistema republicano". En ese marco, calificó al kirchnerismo como “profundamente autoritario”.
Al referirse al Presupuesto, el exministro de Defensa defendió el programa económico del Gobierno nacional y rechazó las críticas por la baja de impuestos y la falta de fuentes de financiamiento. Petri aseguró que la administración Milei redujo tributos equivalentes a 2,5 puntos del PBI y bajó el gasto público del 42% al 31%. Y reivindicó el superávit fiscal como un “mantra que no se negocia”. Afirmó que más del 70% del presupuesto tiene destino social y sostuvo que el país está “rompiendo con décadas de decadencia”, al eliminar la emisión monetaria y reducir la deuda. "Esa Argentina villa miseria y planera a la cual nos querían llevar tiene un antídoto, que es la libertad. El precio de la libertad es su eterna vigilancia y vamos a ser el país mas libre del mundo", cerró.
Ya en la etapa de exposiciones por bloque, otro de los mendocinos del oficialismo tuvo a su cargo la conclusión del debate. Se trata de Álvaro Martínez, quien también "picanteó" al bloque kirchnerista: "Si devuelven toda la que se chorearon podemos hacer los trenes, las rutas y las casas de la Tupac (Amaru) que no hicieron", chicaneó. Sostuvo que el debate expuso “dos modelos de país”: uno que, según afirmó, fracasó, y otro que comenzó en diciembre de 2023, basado en “decirle la verdad a los argentinos”. En ese sentido, definió al proyecto como “revolucionario” por su viabilidad, y cuestionó los presupuestos de gobiernos anteriores al señalar que “arrancaban muertos”, con promesas de reducción del déficit, la inflación y la pobreza que no se cumplían. Para el legislador, la nueva pauta fiscal apunta a "sacar el pie de encima a los que producen” y consolidar un Estado más chico y eficiente, sin abandonar a los sectores más vulnerables.
En su discurso, el dirigente del PRO defendió el equilibrio fiscal como una muestra de “sensibilidad social” y rechazó las críticas de la oposición, a la que acusó de impulsar recetas que "llevaron al país al caos". Aseguró que el Gobierno no abandona áreas sensibles, sino que asigna recursos reales con mayor control del gasto, y cuestionó las leyes que el proyecto deroga (financiamiento universitario y discpacidad), ya que "nunca explicaron su impacto fiscal ni su financiamiento". Finalmente, remarcó que se trata de un presupuesto “honesto”, que no promete lo que no puede cumplir y que, después de años, “deja de ser un problema para convertirse en una solución”.
En la primera votación de la nueva conformación de la Cámara Baja, que comenzó a funcionar desde el 10 de diciembre, se reflejó la alianza electoral que forjaron la UCR y La Libertad Avanza en Mendoza, ya que los representantes de esos bloques acompañaron la pauta de gastos e ingresos enviada por Casa Rosada al Congreso.
Gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI y un superávit financiero del 0,3%, en línea con el objetivo de déficit cero del Gobierno.
Proyecciones macroeconómicas oficiales: inflación anual del 10,1% y crecimiento del PBI del 5% para todo 2026.
Derogación del piso del 6% del PBI para Educación, establecido por la Ley de Financiamiento Educativo. El gasto en Educación y Cultura tendría una caída real del 1% respecto de 2025 y de casi 48% frente a 2023.
Universidades nacionales: se asignan $4.872 millones, lo que implica una baja real del 7,2% interanual. Además, el proyecto elimina la ley que actualizaba fondos y salarios por inflación (no obtuvo los votos necesarios).
Plan Nacional de Alfabetización: recibirá $580 mil millones, con un aumento real del 39,3% respecto de 2025.
Vouchers educativos: caída real del 13,5%, mientras que las becas (como Progresar) muestran un incremento real del 4,1%.
Jubilaciones y prestaciones sociales: aumento real promedio del 5,7% (aunque el haber mínimo retrocedería alrededor del 1%), pero con recorte del 13,8% en el bono a jubilados, que seguiría congelado en $70.000 durante todo 2026.
Pensiones por discapacidad: caída real del 10,6%, asociada a una reducción estimada de 155 mil beneficios, y derogación de la ley de emergencia en discapacidad (no obtuvo los votos necesarios).
Asignaciones familiares y AUH: suba real del 3,7% en general y del 6,4% en la Asignación Universal por Hijo. En contrapartida, la Tarjeta Alimentar cae 1,5% y los comedores comunitarios un 28,9%.
Planes de empleo: fuerte ajuste al programa Volver al Trabajo, con una baja real del 70,6%, mientras que el Acompañamiento Social (mayores de 50 años) aumenta un 49,7% real.
Modificación del régimen de Zona Fría (Ley 27.637): el proyecto introduce cambios en el esquema de subsidios al gas, lo que impacta directamente en provincias como Mendoza, donde rige el beneficio por condiciones climáticas (no obtuvo los votos necesarios).
Reordenamiento del sector energético: el Tesoro nacional asumirá deudas del Mercado Eléctrico Mayorista que estaban registradas en CAMMESA, sin generar nuevo gasto, pero transparentando pasivos.
Transparencia fiscal y control del gasto: obligación de publicar trimestralmente la planta de personal del Estado, límites a la cobertura de vacantes y mayor control sobre entes cooperadores.
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