El mandatario hizo planteos en esas áreas y marcó algunas diferencias con Nación, sindicatos y empresarios. Cuáles fueron sus principales aportes.
El mendocino y su equipo realizaron varios aportes a las propuestas nacionales.
Foto: Casa RosadaEl Consejo de Mayo, aquel órgano consultivo no vinculante creado tras la firma del Pacto de Mayo, presentó este martes el informe final 2025, con los aportes y proyectos de ley que el Gobierno nacional enviará al Congreso para tratar en extraordinarias y durante todo 2026.
Como representante de las provincias, el gobernador Alfredo Cornejo participó del plenario y reveló cuáles fueron sus propuestas, principalmente en materia educativa, laboral y fiscal; que trabajó con sus "asesores" para la tarea: el diputado nacional Lisandro Nieri, el senador provincial Martín Kerchner y el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar.
Algunas fueron tomadas por el mileísmo para el diseño final de los textos que ingresarán en las próximas horas al Parlamento para iniciar el debate de las reformas de "segunda generación" que postula Casa Rosada para los dos años de gestión que le restan a Javier Milei.
En el capítulo educativo, Cornejo postuló un nuevo esquema de inversión estratégica, basado en un modelo de financiamiento estable, previsible y orientado a reducir desigualdades territoriales. Su planteo se basa en tres fondos federales:
El proyecto fija que la distribución de recursos debe regirse por indicadores objetivos, transparentes y medibles, entre ellos niveles de alfabetización, avances en trayectorias reales, mejoras en infraestructura, reducción de brechas territoriales y cumplimiento de metas de jornada extendida. Según el aporte provincial, estos criterios evitarán discrecionalidad y permitirán que las jurisdicciones con mayores desafíos reciban un acompañamiento más fuerte.
Cornejo también definió cinco prioridades nacionales que deberían guiar la inversión:
El documento incorpora además un capítulo específico de transparencia y rendición de cuentas, que establece publicación trimestral de la ejecución, auditorías periódicas, seguimiento de metas por provincia y sistemas de información interoperables entre Nación y jurisdicciones.
La administración de los fondos se completa con una propuesta de gobernanza federal, mediante la creación de un Consejo Federal de Financiamiento Educativo encargado de monitorear desvíos, elaborar informes públicos y garantizar que los recursos se asignen según los objetivos pactados.
Para Cornejo, este rediseño transforma el financiamiento educativo en una verdadera inversión estratégica. “El ejercicio pleno del derecho a la educación requiere inversión pública suficiente, sostenida y equitativa”, sostuvo, al insistir en que la ley debe fijar un piso mínimo garantizado, actualizado por inflación o por la variación de la masa salarial docente.
En materia laboral, el gobernador propuso un esquema para promover el primer empleo joven (régimen sub 30) mediante una reducción de contribuciones patronales durante un año, con costo compartido entre el fisco y los sindicatos. Según explicó, esa idea no fue incorporada al borrador por su impacto fiscal, pero quedó registrada como aporte provincial.
El mandatario también planteó la necesidad de abordar la alta litigiosidad laboral, uno de los puntos más discutidos en la mesa. Allí aparecieron diferencias entre sectores empresariales, sindicatos y representantes provinciales. Cornejo mencionó que existen posiciones divergentes sobre la tasa de interés de las indemnizaciones y los mecanismos destinados a reducir la conflictividad.
En conferencia de prensa, Cornejo detalló que hay coincidencias y diferencias entre provincias, empresarios y gremios: “En modernización laboral hemos hecho propuestas sobre primer empleo y sobre la tasa de interés de las indemnizaciones. Hay distintas posiciones: la UIA tiene una, la CGT otra, y nosotros la nuestra”, señaló.
Además aclaró que los derechos adquiridos por los trabajadores seguirán vigentes: “Todas las modificaciones laborales son hacia adelante, no sobre relaciones ya establecidas”, afirmó.
Otro de los aportes centrales de Cornejo fue el capítulo fiscal, donde propuso que Nación y provincias cumplan metas estrictas de equilibrio y eviten que el gasto crezca por encima de la inflación. También planteó que no se aumenten impuestos para financiar gasto corriente.
El mandatario puso sobre la mesa un punto clave para las provincias: “Cualquier reforma tributaria provincial que implique baja de impuestos debe estar vinculada a una modificación del esquema de coparticipación”, sostuvo. Sin ese cambio, explicó, resulta “muy difícil” avanzar en reformas impositivas locales.
El documento discutido establece además que las jurisdicciones que incumplan metas podrían perder acceso a los ATN. En tanto que propone la creación del "Súper-IVA", un nuevo impuesto que reemplaza a los Ingresos Brutos provinciales. "Nación recauda en su totalidad vía ARCA, pero distribuye a las provincias, según la alícuota que cada una fije", destaca la iniciativa cornejista.
Si bien no fue su capítulo protagónico, las provincias —incluida Mendoza— avalaron lineamientos sobre propiedad privada:
Indemnizaciones a valor de mercado.
Entrega inmediata de inmuebles usurpados.
Eliminación de restricciones para ventas en barrios cerrados y para la compra de tierras rurales por extranjeros.
Protección de bienes esenciales en juicios civiles.
Cornejo volvió a dejar claro que sus aportes en el Consejo no necesariamente representan al conjunto de mandatarios provinciales. "Así como (Carolina) Losada no representa a los senadores ni (Cristian) Ritondo a los diputados, yo no represento a todos los gobernadores”, sostuvo.
Sobre el capítulo educativo, sí reconoció que hubo una consulta amplia entre jurisdicciones: “Entre 12 y 15 provincias opinaron en la misma dirección en torno al reparto con indicadores objetivos”.
También respondió a las críticas sindicales: “No fue un Consejo antisindical. El papel de Gerardo Martínez (quien no formó parte de este plenario) fue muy bueno, siempre muy respetuoso y con propuestas positivas”.
video