Si bien la siniestralidad bajó y la reinserción en el trabajo mejoró, la falta de adhesión a leyes clave muestran que el sistema aún enfrenta desafíos.
Es necesario exponer el contexto actual, las cifras y tensiones sobre la mesa
Los riesgos del trabajo y la creciente litigiosidad en accidentes laborales son temas delicados en el mundo laboral argentino. Por ello, es necesario exponer el contexto actual, las cifras y tensiones sobre la mesa, revelando la magnitud de un problema que impacta a empleados y empleadores por igual.
Por un lado, el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) ha logrado ciertos avances: la mortalidad laboral cayó un 20% desde su creación y la reinserción laboral tras un accidente alcanza el 60%. Estos datos muestran que las políticas de prevención y acompañamiento tienen efectos positivos.
Sin embargo, las deudas del sistema siguen siendo notorias. Solo 11 provincias adhirieron a la ley que regula y agiliza los procesos de incapacidad, lo que genera retrasos administrativos y judiciales. El resultado es un cuello de botella que prolonga indemnizaciones y genera malestar tanto en trabajadores como en empleadores.
La litigiosidad en este terreno no deja de crecer. Para 2023 se proyectaron 135.000 juicios por accidentes laborales, un número alarmante que desnuda la falta de soluciones efectivas. La Ley 27.000, que busca acelerar el acceso a la justicia, tropieza con la falta de adhesión y con un detalle preocupante: los peritos que evalúan los daños son remunerados por sus servicios, lo que introduce dudas sobre su imparcialidad.
En la práctica, esto se traduce en que muchos juicios pueden prolongarse más de dos años, tiempo durante el cual los trabajadores afectados atraviesan serias dificultades económicas. El seguro responde, pero la espera judicial convierte a la compensación en un proceso desgastante y poco eficiente.
Actualmente, el sistema cubre 10,2 millones de trabajadores y cerca de 1 millón de empleadores. Este entramado hace que los problemas no se limiten a los asalariados: las pequeñas y medianas empresas también se ven comprometidas. Un aumento en los juicios podría derivar en incremento de alícuotas, afectando directamente a la competitividad de las pymes.
A ello se suma el avance de la precarización laboral y la expansión de los monotributistas, que ponen en tensión los derechos de amplios sectores. Sin un marco regulatorio firme, el sistema corre el riesgo de volverse insostenible.
En este sentido, el panorama laboral argentino es mixto. Existen logros en materia de seguridad, pero la litigiosidad y la falta de adhesión a nuevas normativas son barreras que frenan un sistema más justo.
La discusión no es solo jurídica ni económica: se trata de cómo garantizar un trabajo seguro y equitativo en un país donde los desafíos laborales parecen multiplicarse.
Escuchá mi columna todos los martes a partir de las 11:30 en Aconcagua Radio 90.1, en el programa Hermoso Caos, con la conducción de Pablo Pérez Delgado y Nimsi Franciscangeli.
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