El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad bonaerense de Dolores dará a conocer este lunes la sentencia del juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes y patadas a Fernando Báez Sosa durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell.
El fallo de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia se conocerá a partir de las 13 en el primer piso de los tribunales dolorenses, donde se realizó el debate oral entre el 2 y el 26 de enero últimos.
Los magistrados definirán la situación penal de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), que llegaron a juicio imputados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", que prevé una pena de prisión perpetua.
Los ocho, quienes aguardan la audiencia alojados en la cárcel de Dolores, están acusados de haber asesinado a golpes a Báez Sosa a la salida del boliche "Le Brique", luego de un incidente previo en el interior del local entre algunos de ellos y el grupo de amigos de la víctima.
En caso que el tribunal considere que los imputados son culpables, deberá determinar si los ocho reciben la prisión perpetua o si en el caso de alguno de ellos el hecho se encuadra en una figura más leve y recibe una pena menor que, incluso, podría derivar en una salida de la cárcel en poco tiempo.
Si los jueces hacen lugar a lo planteado por fiscales y particular damnificado ("homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas") y entienden que todos o algunos son coautores del mismo delito, la pena que les cabe es la prisión perpetua.
En caso de que el tribunal considere acreditado uno solo de los agravantes, la pena será también de perpetua para aquellos que sean hallados penalmente responsables como coautores.
El abogado defensor de los ocho imputados, Hugo Tomei, planteó en su alegato ante el tribunal que los ocho imputados sean absueltos ya que existió una "incongruencia" entre la imputación original con la que llegó a juicio y la que la fiscalía planteó en su alegato. Pidió la nulidad del secuestro de los celulares y prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos, y dedicó parte de su argumentación a cuestionar distintos procedimientos de la causa y el tratamiento mediático recibido por el hecho.
Tomei explicó que, de manera subsidiaria y en caso de ser condenados, que a sus defendidos se los acuse de un "homicidio en riña". El abogado aseguró que existió "una agresión" y que el hecho "se encuadra en un homicidio en agresión conocido como riña", por lo que con los tres años que llevan en prisión preventiva, "quedarían todos en libertad".
También, el abogado defensor planteó que los rugbiers sean condenados por un "homicidio preterintencional" que, de acuerdo al código penal se lo considera al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona, produce su muerte, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. En ese caso, los acusados también podrían salir de prisión.
Finalmente propuso que se los condene por un "homicidio simple con dolo eventual", es decir que los acusados debieron haberse representado que, al estar golpeando de esa manera a Báez Sosa, podrían ocasionarle la muerte y, pese a eso, continuaron con su accionar.
Si los jueces condenan a los rugbiers por este delito, podría existir la opción de que les impongan distinta pena a cada uno de ellos de acuerdo al rol desempeñado en el ataque a la víctima.
En sus alegatos de cierre el último 25 de enero, tanto los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García como los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes representan a los padres de la víctima en calidad de particulares damnificados, consideraron acreditada la responsabilidad penal de los imputados.
A partir de los elementos de prueba incorporados en la instrucción del caso y de las declaraciones de 87 testigos, en las 13 audiencias de testimonios, en las que fueron exhibidos además videos que registraron el ataque y pericias de ADN y sobre los teléfonos de los acusados, sostuvieron la figura del homicidio doblemente calificado, en concurso ideal con "lesiones leves", por los golpes sufridos por amigos de Báez Sosa que intentaron ayudarlo.
En ese sentido, ambas acusaciones pidieron que los ocho jóvenes sean condenados a prisión perpetua, porque consideraron que fueron coautores del crimen.
Entendieron que todos ellos golpearon al joven asesinado, a diferencia de lo que indicaba el requerimiento de elevación a juicio, que apuntaba solo a cinco de ellos como agresores directos, aunque acusaba a todos los miembros del grupo por la presunta "coautoría funcional" del hecho.
En su alegato, los fiscales señalaron que "no hubo roles", sino que "todos hicieron todo, todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon".
Burlando adhirió al pedido de la fiscalía y sostuvo que todos los imputados tuvieron la "voluntad de matar", que planearon una "cacería humana" y que la víctima fue "fusilada a golpes y patadas".
"La imagen de Fernando de rodillas pidiendo clemencia. Esa es la imagen que para esta representación justifica ni más ni menos el pedido de prisión perpetua para los acusados", afirmó al alegar.
El particular damnificado precisó además, a partir del análisis de imágenes realizadas del hecho, que tras la expulsión de ambos grupos de "Le Brique" hubo un "acecho" a Fernando que duró poco más de siete minutos, y a partir de las 4.44.30 del 18 de enero, se produjo el ataque, que duró 45 segundos, hasta que a las 4.45.15 los acusados "consuman el homicidio".
El defensor de los imputados, Hugo Tomei, consideró por su parte en su alegato, el 26 de enero, que todos ellos deberían ser absueltos por la "incongruencia" entre la acusación original y la planteada por la fiscalía al momento de pedir la pena.
Pidió además, que en caso de ser condenados por el tribunal, el hecho sea encuadrado como un "homicidio en riña", que prevé una pena máxima de seis años de prisión, lo que permitiría a los imputados acceder casi de manera inmediata a una libertad condicional, por los tres años que llevan con prisión preventiva.
Tomei planteó subsidiariamente ante el TOC que se consideren las figuras de "homicidio simple con dolo eventual" -con una pena en expectativa de 8 a 25 años- o de "homicidio preterintencional" -de 3 a 6-.
Se refirió también a la "impronta mediática inigualable" que tuvo el caso desde la madrugada del crimen, que lo "ha transformado" en "un paradigma de lo que no debe ocurrir", con "horas y horas de videos, constancias del expediente expuestas en las redes sociales, en canales de televisión".
"Represento a ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad, y considero que es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con el criterio de la opinión pública", señaló.
Los acusados siguieron presencialmente todas las audiencias del juicio, y harán lo propio durante la lectura de la sentencia.
Thomsen, Cinalli, y Ciro, Lucas y Luciano Pertossi declararon ante los jueces a partir de la segunda semana de audiencias, mientras que Comelli, Viollaz y Benicelli optaron por no hacerlo.
Los ocho pidieron de todos modos "disculpas" a la familia de la víctima al expresar sus últimas palabras antes de que los jueces dieran por cerrado el debate oral. Manifestaron estar "arrepentidos" por el hecho, y algunos de ellos aseguraron que "no hubo ningún plan de matar".
La madre de Fernando, Graciela Sosa, también expresó unas palabras finales ante el tribunal en la jornada de alegatos de la defensa, y sostuvo: "La verdad que nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y estaría viendo cómo él defendería a la gente, pero nunca que estaría presenciando el asesinado de mi hijo. Que paguen lo que hicieron".
Se espera que tanto ella como el padre de la víctima, Silvino Báez, también estén presentes durante la lectura de la sentencia, al igual que lo hicieron a lo largo del debate oral.
Los jueces definirán a su vez, en esta instancia, el pedido de la fiscalía de que se inicie una causa por falso testimonio para Juan Pedro Guarino -imputado en el inicio de la causa y sobreseído en abril de 2021- y Tomás Colazo -quien nunca estuvo acusado, pero fue mencionado por el particular damnificado como "el sospechoso número 11"- por considerar que evidenciaron contradicciones al declarar en el debate.