A través de marchas, familias y profesionales de personas con discapacidad reclaman en Mendoza por sus derechos y piden justicia.
Discapacidad en Mendoza: más de 100 centros en alerta por falta de pago de Nación.
Foto: Yemel FilEl reciente veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad generó un fuerte rechazo en todo el país, y Mendoza no es la excepción. Este martes, se realizó una protesta en Ciudad, sumándose a las voces que reclaman por los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que los asisten.
Las marchas, que continuarán este miércoles junto a los jubilados, buscan visibilizar las graves consecuencias de esta medida.
La Ley, aprobada por el Congreso, buscaba declarar la emergencia económica y financiera en el sector de la discapacidad para garantizar el financiamiento de las prestaciones y servicios que miles de personas necesitan para su desarrollo y bienestar.
Su veto, en cambio, mantiene la situación actual, caracterizada por la falta de actualizaciones en los aranceles y el constante atraso en los pagos por parte del Estado y las obras sociales.
Las consecuencias de esta decisión de Javier Milei son inmediatas y preocupantes. La falta de un aumento acorde a la inflación en el nomenclador nacional de prestaciones (el listado de terapias y servicios, y sus costos) hace que el trabajo de los profesionales sea cada vez menos rentable.
Romina, terapeuta ocupacional, explicó a Sitio Andino la dificultad que representa esta situación: "Repercute en todos los ámbitos, ya que se sigue sosteniendo a pulmón las irregularidades que tiene todo el sector de discapacidad".
La profesional indicó que con este veto lo que se logrará es que continúen los pagos atrasados a profesionales, con un desfasaje de entre tres y cinco meses, diminución de prestaciones y que los padres tengan que seguir sosteniendo las terapias de sus hijos de manera particular.
"Lamentablemente son las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales los que remamos en dulce de leche hace mucho tiempo", agregó.
Sobre el final, la terapeuta ocupacional habló sobre las medidas que se vienen y refirió: "Creo que las medidas las tenemos que tomar en conjunto con la sociedad , por el momento, estamos analizando la situación para ver cómo accionar".
La realidad que describe Romina se traduce en un riesgo concreto: la suspensión de las terapias. Elisa Espina, mamá de Amparo, una niña con autismo y titular de la asociación Marea Azul, cuenta que algunos terapeutas ya han comenzado a suspender la atención. "Estamos muy preocupados por el destino de nuestros hijos.
Los profesionales no tienen ningún tipo de incentivo para trabajar más que su voluntad de servicio. Los avances de ellos se logran por el trabajo incansable de los terapeutas, y la interrupción de las terapias representa un verdadero problema".
La situación actual también obliga a muchas familias a considerar el pago particular de las prestaciones, una opción que para la gran mayoría es inviable.
Elisa detalla los costos astronómicos que deben afrontar: "Entre el centro educativo terapéutico, las sesiones de psicología, transporte y medicación, necesito mínimo un millón y medio de pesos para costear eso, y me resulta imposible".
A esta problemática se suma la dificultad para encontrar maestros de apoyo. La baja remuneración en el sector y la alta exigencia laboral hacen que cada vez menos profesionales quieran asumir estos cargos, dejando a los niños sin la asistencia necesaria para su aprendizaje.
El veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad profundiza una crisis que ya venía golpeando al sector, poniendo en riesgo la evolución y el progreso de las personas con discapacidad y generando una gran preocupación en una comunidad que ya se siente vulnerable.
