La caída de un ejemplar sobre una camioneta en la Ruta Nacional 143 abre una discusión pública más profunda: quién controla el arbolado público, qué organismo debe intervenir y qué podemos hacer como vecino cuando se detecta un árbol peligroso.
La tragedia de San Carlos debe abrir una investigación judicial, pero también una discusión pública más profunda.
La muerte de dos vecinos del municipio de Luján de Cuyo después de que un árbol de gran porte cayera sobre su vehículo en el que circulaba por la Ruta Nacional 143, en San Carlos, no puede quedar reducida únicamente a la descripción de un accidente fatal causado por el viento.
El hecho ocurrió el sábado. Efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos, Defensa Civil y el Servicio de Emergencias Coordinado intervinieron en el lugar.
La Justicia deberá establecer qué provocó la caída y si el ejemplar presentaba señales previas de deterioro, inclinación, enfermedad, daño en sus raíces, falta de mantenimiento o riesgo estructural.
Surgen dos preguntas inevitables:
Tras la tragedia que conmocionó a toda la provincia de Mendoza, vecinos de la zona aseguraron que desde hace años vienen solicitando medidas respecto al arbolado ubicado al borde la ruta. En diálogo con Noticiero Andino, un vecino contó que en mayo del 2024 presentaron una nota al delegado municipal, quien después de un mes, les aseguró que iban a tomar las medidas correspondientes.
Sin embargo, aseguró que después de enviar el reclamo, tres árboles cayeron. "Son árboles que tienen más de 100 años. Están todos los álamos secos. Viene un viento y los voltea", expresaron los vecinos. Además, manifestaron que han realizado reiterados pedidos para que talen los árboles, pero no han obtuvieron ninguna respuesta.
"Ya estamos cansados de ver estas situaciones e hicimos una nota para ver si cortaban todos estos árboles. Esos álamos no sirven, están podridos por dentro. Hace bastante que estamos con esta situación por falta de mantenimiento. Le hemos pedido a Vialidad si lo pueden cortar, pero no nos dan respuestas", detallaron.
En ese contexto, el intendente Alejandro Morillas aseguró que Vialidad Nacionales el organismo responsable de esos ejemplares y afirmó que, pese a los reiterados pedidos de intervención y solicitudes de autorización realizadas por el municipio, no han obtenido respuesta favorable.
"Llegamos a estas instancias en las que, quizás, hay que ser más agresivos. Venimos trabajando desde el año pasado. En el departamento realizamos un inventario de todo el arbolado de las zonas urbanas y detectamos que el 30% se encuentra en malas condiciones", afirmó Morillas.
No obstante, explicó que existen sectores donde el municipio no puede intervenir sin autorización, ya que no pertenecen a la jurisdicción departamental, como ocurre con las rutas nacionales. "Tenemos todas las notas, hemos realizado los reclamos y le hemos advertido a Vialidad Nacional porque esta situación se repite permanentemente", sostuvo el jefe comunal.
"La burocracia mata y esto es muy triste. La jurisdicción es de Vialidad Nacional y estamos atados de manos, pero hay decenas de árboles que deben ser erradicados", expresó. En ese sentido, el intendente remarcó que el municipio lleva mucho tiempo trabajando sobre esta problemática y consideró que "por ahí no hay que esperar tantos permisos porque hay vidas de por medio".
Más allá de la responsabilidad que pueda tener uno u otro sector no corresponde cerrar el caso con la palabra "accidente" sin investigar el estado del ejemplar y el cumplimiento de las obligaciones públicas.
La protección del arbolado y la seguridad de las personas no son objetivos incompatibles. Cuidar los árboles también significa inspeccionarlos, mantenerlos, intervenirlos técnicamente y retirar aquellos que representan un peligro irreversible.
La tragedia de San Carlos debe abrir una investigación judicial, pero también una discusión pública más profunda: ¿Quién controla los árboles que están junto a nuestras rutas, calles y viviendas, y qué ocurre cuando el Estado recibe una advertencia y no actúa?
No existe una única respuesta para todos los casos. La competencia depende del lugar exacto en el que se encuentra el árbol.
El responsable operativo suele ser el municipio, a través de sus áreas de Espacios Verdes, Servicios Públicos, Ambiente, Arbolado o denominaciones equivalentes.
Las municipalidades reciben los reclamos, inspeccionan el ejemplar y determinan si corresponde poda, tratamiento, extracción, trasplante o seguimiento.
La Dirección Provincial de Vialidad tiene responsabilidad sobre el arbolado ubicado dentro de la zona de camino provincial.
La legislación vial mendocina establece que el arbolado comprendido dentro de la zona del camino es propiedad de la Dirección Provincial de Vialidad y que su conservación y cuidado corresponden a esa repartición.
La intervención puede corresponder a la Dirección Nacional de Vialidad, aunque también pueden existir convenios mediante los cuales la Provincia realice tareas de conservación y mantenimiento.
Más allá de las responsabilidades que puedan determinarse, el caso abre una serie de preguntas que nos hacemos todos. La caída de un árbol no solo expone las condiciones de mantenimiento de estos ejemplares, sino también las competencias de cada organismo, los derechos y la eventual responsabilidad del Estado frente a hechos que, en muchos casos, podrían prevenirse.
A todos nos surgen varias preguntas más para responder y evitar otra fatalidad.
Producción periodística: Abigail Romo y Carla Canizzaro
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