Mientras en Buenos Aires las denuncias por prácticas de cobranza agresivas se triplicaron, en Mendoza aseguran que no registró presentaciones formales. Sin embargo, desde Protectora advierten fuerte aumento de consultas. Por qué muchos afectados no denuncian.
En Mendoza crecen las consultas por cobranzas abusivas.
Las llamadas a cualquier hora, los mensajes de WhatsApp con amenazas de embargo, las advertencias de supuestas visitas judiciales e incluso los contactos con familiares, vecinos o empleadores se convirtieron en una preocupación creciente para muchos mendocinos con deudas o que incluso desconocen los créditos que les reclaman. En un contexto en el que los consumidores han incrementado sus deudas y la morosidad, hay situaciones que generan mucha angustia y temor.
Aunque la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza informó a Sitio Andino que no registra denuncias por este tipo de prácticas, desde Protectora Asociación de Defensa del Consumidor aseguran que las consultas aumentaron de manera significativa en los últimos meses, impulsadas por el sobreendeudamiento y también por los casos de estafas virtuales.
El fenómeno cobra relevancia luego de que la provincia de Buenos Aires informara que las denuncias por cobranzas abusivas se triplicaron en el último año, reflejando una modalidad de hostigamiento que comienza a preocupar también en otras provincias.
La presidenta de Protectora, Romina Ríos, explicó que la entidad recibe cada vez más personas preocupadas por la forma en que estudios de cobranzas, call centers o supuestos estudios jurídicos intentan recuperar deudas.
"Con el sobreendeudamiento cada vez se incrementan más las consultas por estos cobros abusivos que realizan estudios de cobranzas, estudios jurídicos o call centers", señaló.
Entre las prácticas más frecuentes aparecen llamadas reiteradas, mensajes intimidatorios por WhatsApp, amenazas de futuros embargos, inhibiciones o secuestro de bienes, comunicaciones enviadas a vecinos, familiares o lugares de trabajo e incluso reclamos por deudas inexistentes o ya prescriptas.
Según Ríos, muchas personas consultan porque creen que al día siguiente pueden presentarse en su domicilio para embargarles sus bienes. "Eso genera mucho miedo. Nos preguntan si realmente pueden hacerlo", explicó.
La ausencia de denuncias formales en Mendoza no necesariamente refleja que el problema no exista.
Desde Protectora sostienen que muchos consumidores desconfían de la eficacia de los reclamos administrativos o no saben exactamente qué denunciar. "Los consumidores son reacios a iniciar denuncias porque consideran que no terminan en nada. En muchos casos esperan que la situación se diluya o, en el peor de los casos, que llegue una notificación judicial verdadera", indicó Ríos.
En otras oportunidades, la presentación termina enfocándose en la deuda o en los intereses considerados excesivos y no en las prácticas de hostigamiento utilizadas para intentar cobrarla.
También existen casos vinculados con estafas virtuales. Personas que fueron víctimas de créditos obtenidos de manera fraudulenta comienzan a recibir amenazas para pagar préstamos que nunca solicitaron, mientras la investigación penal por la estafa continúa abierta.
Otro de los aspectos que más preocupa es la dificultad para identificar quién está detrás de las comunicaciones. Según explican desde Protectora, muchas veces los contactos llegan desde números desconocidos o restringidos, sin identificar claramente a la empresa que reclama la deuda.
"Generalmente no se identifican. Dicen ser un estudio, pero no sabés si realmente es un estudio jurídico, un estudio de cobranzas o un call center. Muchas veces ni siquiera están en Mendoza", advirtió Ríos.
Incluso, relató que algunos consumidores reciben montos diferentes cada vez que consultan cuánto deben o descubren que nadie puede acreditar realmente la existencia de la supuesta carpeta de cobranza.
La preocupación aumenta cuando las gestoras contactan a familiares, hijos, vecinos o empleadores para informar sobre una deuda.
"Han llegado correos electrónicos a los empleadores diciendo que esa persona tiene una deuda. Eso viola todo el marco protector de la Ley de Defensa del Consumidor y puede incluso rozar figuras previstas en el Código Penal vinculadas con amenazas u hostigamiento", afirmó Ríos.
La dirigente aclaró que ninguna empresa puede utilizar esas prácticas como mecanismo de presión para obtener el pago de una deuda.
