Organizaciones, familias y especialistas advierten sobre la vulnerable situación del sector de discapacidad y los incumplimientos de obras sociales y empleadores.
En Argentina el 3 de diciembre fue establecido como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47/3, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y del desarrollo. Desde distintas organizaciones sociales se plantea un panorama actual complejo.
Según la página oficial del Gobierno Nacional, en Argentina el 3 de diciembre fue establecido como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad a través de la Ley 25.346/2000. Esta fecha busca divulgar las normas que amparan a las personas con discapacidad, difundir sus derechos y exigir su efectivo cumplimiento en toda la sociedad.
Sin embargo, el sector de la discapacidad atraviesa una situación difícil. Diversas organizaciones se manifestaron en todo el país, teniendo a Mendoza como uno de los epicentros, con cientos de personas concentrándose en las calles céntricas. Todo comenzó con la declaración de la emergencia en discapacidad, cuando padres y terapeutas reclamaron por sus derechos entre la esperanza y la incertidumbre.
En Mendoza y en Argentina, las principales normativas que regulan los derechos de las personas con discapacidad son la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 24.901, que establece el régimen de prestaciones básicas.
A pesar de este marco legal, “las obras sociales niegan a las familias el transporte o un docente de apoyo, en el caso de que asistan a un centro educativo terapéutico”, explicó a Sitio Andino Elisa Espina, profesora de Educación Especial y coordinadora en Vinculat.
"Todavía hay familias que tienen que estar peleando con la obra social. Cuando necesitan incorporar a su hijo a una obra social les consultan si tiene certificado de discapacidad y esto también es un tema porque hay una ley que dice que ninguna persona puede ser rechazada por motivos de discapacidad" , señaló Espina.
Por otra parte, surge la pregunta sobre cuáles son los derechos reconocidos se cumplen plenamente. En este sentido, la profesora de Educación Especial y Coordinadora en Vinculat, explicó a este medio que "el derecho al trabajo es uno de los más vulnerados".
"Si bien existe un cupo laboral del 4% para personas con discapacidad, creemos que no se cumple en su totalidad y la situación es peor en el ámbito privado", afirmó. En consecuencia, alrededor del 80% no acceden a un empleo, no por falta de capacidad, sino por la estigmatización de su condición, lo que "impide la creación de empleos, donde se le puedan brindar los apoyos necesarios y accedan a un puesto de trabajo".
Espina enfatizó la necesidad de crear más programas de inserción laboral "reales" y "sostenibles". También criticó los programas temporales, como las pasantías, en las que el empleo desaparece una vez finalizado el programa, y abogó por soluciones que garanticen continuidad y estabilidad.
Aunque en los últimos años se han registrado avances en materia de inclusión (favorecidos por la mayor visibilidad que brindan las redes sociales, donde muchas personas con discapacidad comparten sus historias), persisten problemas como el uso peyorativo de términos relacionados con la discapacidad.
Finalmente, Espina propuso que el objetivo no debería ser únicamente la "inclusión", si esta implica marcar diferencias, sino la "convivencia", donde personas con y sin discapacidad compartan espacios de manera natural. Para ello, afirmó, es indispensable contar con apoyos adecuados que permitan a personas con diversas discapacidades (psicosocial, motriz, auditiva, visual e intelectual) ejercer plenamente sus derechos.