Este martes, el CEO de YPF, Horacio Marín, difundió la decisión de la Justicia de Estados Unidos por el juicio frente a Burford. Se trata de un pedido de revisión del fallo que beneficiaba a la Argentina, el cual la Cámara de Apelaciones rechazó.
La medida de la Cámara de Apelaciones beneficia a la Argentina y la defensa de la empresa estatal. Qué dijo el titular de YPF.
Este martes, el CEO de YPF, Horacio Marín, difundió la decisión de la Justicia de Estados Unidos por el juicio frente a Burford. Se trata de un pedido de revisión del fallo que beneficiaba a la Argentina, el cual la Cámara de Apelaciones rechazó.
La Justicia estadounidense había suspendido todas las apelaciones por el juicio, pero no quedaron canceladas. Esta decisión implicaba que quedaba en pausa la solicitud de una consideración de la Cámara de Apelaciones y la presentación de un recurso a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
"Hoy el pleno de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos denegó la petición impulsada por Burford de revisar el fallo emitido el 27 de marzo en el que se dejó fuera del caso tanto a YPF como a la Argentina", publicó Marín.
Además, el titular de la empresa estatal indicó que "es un capítulo muy relevante porque permite consolidar el Plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo".
Además, desde la Procuración del Tesoro de la Nación también emitieron un comunicado que destaca: "Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público". Por su parte, el presidente Javier Milei celebró: "Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF".
El 15 de septiembre de 2023, Loretta Preska dictó una sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo del juicio fijó una compensación de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses acumulados asciende a unos 17.750 millones, en favor de Burford Capital y Eton Park, quienes habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización.
El eje del reclamo radicó en que, al nacionalizar la participación de Repsol, el gobierno argentino de ese momento –durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Repsol fue compensada mediante bonos, pero no se realizó una oferta similar para los accionistas privados.


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