Mientras se espera la oficialización de la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional evalúa desdoblar las fechas para tratar el Presupuesto 2026 en diciembre y la reforma laboral, tributaria y penal, en febrero. Además, planean incluir otros proyectos en la agenda del Congreso.
A partir del 10 de diciembre habrá una nueva composición legislativa a la que el oficialismo buscará sacarle provecho. Para ello, la Casa Rosada comenzó a delinear la estrategia para avanzar en las iniciativas que pretende el presidente Javier Milei para su segundo tramo de la gestión.
La prolongación de las sesiones deberá formalizarlo el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Por lo pronto, se sabe que senadora electa Patricia Bullrich será en la jefa de bloque de La Libertad Avanza y ya delinean el temario legislativo del próximo año.
La hoja de ruta del Gobierno nacional
En diciembre, el Gobierno nacional quiere tratar el Presupuesto 2026 y el proyecto de presunción de inocencia fiscal, llamado “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”. El presidente Javier Milei busca cambiar el régimen y blindar la normativa simplificada del impuesto a las Ganancias para los que tienen dólares fuera del sistema financiero los reintroduzcan sin recibir sanciones económicas ni persecuciones penales.
En enero habría un parate y los legisladores retomarían la actividad en febrero. En ese mes, el Ejecutivo planea que se traten las reformas de "segunda generación", vinculadas a los cambios tributarios, laborales y previsionales, para lo cual, ya comenzó a intentar lograr el consenso con los gobernadores.
Además, intentarán debatir en el Congreso de la Nación Argentina las modificaciones al Código Penal, en las que trabajó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para endurecer las penas, combatir el narcotráfico y la corrupción, entre otros puntos.
El pedido de los gobernadores
En los recientes encuentros entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores, los nuevos funcionarios recogieron un reclamo reiterado: la necesidad de avanzar con el decreto que introduce modificaciones en la reglamentación de la Ley de Glaciares, con el propósito de ampliar las zonas habilitadas para la actividad minera.
“Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o impulsar una nueva ley que sea tratada en el Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar qué es un glaciar”, sostuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.
Al planteo se sumaron también las autoridades de las provincias de Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz, que respaldaron la propuesta de otorgar a las jurisdicciones locales un rol central en la definición y gestión de estas áreas. Fuente: NA.