El Jury de Enjuiciamiento de Mendoza finalmente resolvió suspender este martes por seis meses al juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, quien evitó una posible destitución que, hasta hace unos días atrás, asomaba como la salida más probable.
El magistrado evitó ser removido del cargo y recibió una pena intermedia. La estrategia que destrabó la compleja situación que atravesaba y el pedido para cambiar de cargo.
El Jury de Enjuiciamiento de Mendoza finalmente resolvió suspender este martes por seis meses al juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, quien evitó una posible destitución que, hasta hace unos días atrás, asomaba como la salida más probable.
El magistrado sorteó una condena mayor a partir de una estrategia que diagramó junto a su abogada, Luciana Torre, que satisfizo a todas las partes, pese a implicar el reconocimiento de las acusaciones en su contra.
Horas antes del inicio del debate —que preveía cuatro audiencias con presentación de pruebas, testimonios y alegatos—, la defensa presentó una propuesta de juicio abreviado que fue aceptada por el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y por la querella, a cargo del diputado radical Franco Ambrosini (quien actuó en calidad de abogado, no de legislador).
El acuerdo entre las partes facilitó la labor del órgano que integran los siete jueces de la Corte (finalmente participaron seis, ya que Teresa Day se ausentó por motivos personales) y 14 legisladores, que hizo lugar a lo solicitado y dispuso la sanción intermedia prevista por ley: suspensión por 180 días sin goce de haberes.
La resolución del Jury sobre Sarmiento puede leerse como “salomónica”, ya que, de algún modo, conformó a todas las partes con interés en el proceso.
El fallo condenatorio del Jury aclara que la suspensión por 180 días sin goce de haberes comenzó a regir desde que Sarmiento fue apartado preventivamente del cargo, el 11 de diciembre de 2025, cuando se inició formalmente el proceso de juicio político. Como durante ese periodo el magistrado percibió el 50% de su salario, deberá devolver esos honorarios en un plazo de diez días.
De este modo, el magistrado retomará sus funciones el próximo 9 de junio. Sin embargo, en el escrito presentado, Sarmiento informó que ya elevó un pedido de traslado de jurisdicción, que deberá ser evaluado por el Consejo de la Magistratura.
De aceptarse la solicitud, implicaría la salida de Sarmiento del Juzgado Penal Colegiado Nº1 de la Primera Circunscripción y el pase a otra jurisdicción de menor carga dentro el fuero penal. Así también desactivaría eventuales conflictos mediáticos como los que lo llevaron a enfrentar el Jury.
Una curiosidad. De producirse (o existir) una vacante para cubrir el nuevo cargo que eventualmente ocupe Sarmiento, será el propio Gobierno que alentó su destitución el que deberá aceptar —o rechazar— el traslado, que luego deberá remitir como pliego al Senado.
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