La mujer ratificó ante la fiscal cada uno de los hechos denunciados por abuso sexual y violencia de género contra el ex subsecretario de Justicia. Los detalles.
La declaración se produjo una semana después de la presentación de D'Agostino ante la misma Fiscalía
Foto: Yemel FilTras más de siete horas de audiencia, la expareja de Marcelo D'Agostino concluyó su declaración ante la fiscal Valeria Bottini. Acompañada por su abogada, la mujer ratificó la denuncia por abuso sexual y violencia de género contra el ex subsecretario de Justicia de Mendoza y aseguró que su único objetivo es que se haga Justicia, descartando cualquier interés económico.
La audiencia, en el Polo Judicial Penal estuvo centrada en la ratificación de los hechos detallados en la presentación judicial de 40 páginas que se conoció el pasado 10 de abril. Durante la declaración, que contó con la supervisión del fiscal en jefe Alejandro Iturbide, la denunciante reafirmó cada uno de los episodios expuestos.
Del acto participaron además los abogados defensores del ex funcionario, Daniel Sosa Arditi y Eduardo De Oro, junto a la representante legal de la denunciante, María Elena Quintero.
Según relató Quintero, se trató de una instancia atravesada por una fuerte carga emocional. "Fueron momentos muy fuertes", donde la mujer "se quebró en muchos momentos", señaló en diálogo con Sitio Andino.
Durante su exposición, la mujer reiteró su pedido de Justicia y sostuvo que en su momento advirtió a altos funcionarios sobre la situación de violencia que atravesaba, sin obtener respuestas.
Asimismo, describió una relación marcada por episodios de violencia física, abuso sexual y hostigamiento constante, los cuales volvió a ratificar con firmeza ante la fiscal.
En ese sentido, su abogada fue contundente: "El abuso sexual, después del homicidio, es el delito más grave. Es un daño que no se le va a borrar. Es una marca de por vida", afirmó Quinteros.
Por otra parte, la letrada denunció que la estrategia de la defensa buscó colocar a la denunciante en "una posición de victimaria en lugar de víctima". Según explicó, durante la audiencia se exhibió documentación vinculada a la historia clínica de la mujer.
Este hecho derivó en un pedido de la querella para investigar a los profesionales de la salud involucrados, con el objetivo de determinar cómo esos informes llegaron a manos de la defensa.
La declaración se produjo una semana después de la presentación de D'Agostino ante la misma Fiscalía. En esa oportunidad, el ex funcionario se puso a disposición de la investigación, brindó una declaración informativa y permitió la extracción de datos de su celular, el cual le fue devuelto tras la pericia.
Respecto a la denunciante, el fiscal Iturbide intentó aplicar el mismo procedimiento, aunque su abogada se opuso inicialmente y acordó que se realice bajo las mismas condiciones que en el caso del imputado.
Desde la defensa, el abogado Daniel Sosa Arditi cuestionó la credibilidad de la denunciante. "Oculta información referida a su salud mental, tratamientos y diagnóstico. También esconde una intención económica en la denuncia”, sostuvo en declaraciones a este medio.
Además, agregó: "Afirma hechos físicamente imposibles y no resulta creíble en lo más mínimo", al tiempo que la acusó de ejercer violencia en su entorno íntimo.
La grave denuncia penal presentada contra el ex subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, por parte de su expareja, reveló detalles de extrema gravedad, incluyendo abuso sexual. Si bien los hechos se remontan al período comprendido entre 2021 y 2024, la denunciante sostuvo que las consecuencias se extendieron hasta el 2025.
En un documento de 40 páginas, la mujer describió una serie de episodios violentos que, según su relato, fueron escalando con el paso del tiempo. A raíz de la acusación, el pasado viernes D’Agostino presentó su renuncia indeclinable, argumentando que su decisión tiene como objetivo "garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia".
Según consta en la presentación, los hechos denunciados no serían episodios aislados, sino parte de un patrón sistemático de violencia que incluyó distintas formas de maltrato: psicológico, físico, sexual, económico y simbólico.
La denunciante relató que la situación comenzó con violencia psicológica, caracterizada por el control constante de sus actividades. Aseguró que el funcionario le exigía acceso a su teléfono celular y redes sociales, además de imponerle condiciones sobre sus movimientos, como el envío de su ubicación en tiempo real.
Asimismo, describió un clima persistente de descalificación, con insultos reiterados y expresiones destinadas a afectar su autoestima y credibilidad
El relato también incluye episodios de humillación y castigo. Entre ellos, mencionó situaciones en las que era expulsada del domicilio durante la madrugada, quedando sola en la vía pública dentro de un barrio privado de Las Heras.
Además, se agregan hechos de violencia material, como la destrucción de su teléfono celular, y episodios en los que D'Agostino le exigía grabaciones de audio con supuestas "confesiones", que luego podrían ser utilizadas en su contra.
Según la denunciante, estas conductas formaban parte de un mecanismo de manipulación destinado a generar dependencia emocional y someterla.
Además, sostuvo que el acusado hacía alarde de sus vínculos con figuras del ámbito político y judicial, reforzando así la percepción de impunidad
La víctima afirmó que D’Agostino se jactaba de su cercanía con la máxima autoridad provincial, que ponía llamadas en altavoz para exhibir su influencia y que aseguraba que cualquier denuncia "terminaría archivada".
El hecho más grave denunciado es un abuso sexual con acceso carnal, que (según el relato) se habría producido en un contexto de violencia previa, amenazas y retención de su teléfono celular, lo que le impedía pedir ayuda o retirarse del lugar.
La denunciante aseguró que manifestó su negativa de manera explícita, pero que el acusado continuó con el acto utilizando fuerza física y aprovechando su estado de vulnerabilidad.
También indicó que situaciones similares se habrían repetido en otras ocasiones, en las que el funcionario iniciaba actos sexuales sin su consentimiento. Con esto, hace referencia a lo que ocurrió en un viaje a Italia, donde tuvo que ocultar las lesiones que le provocó.
La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá evaluar los hechos denunciados y determinar la eventual responsabilidad penal del funcionario.
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