Marcelo D’Agostino dejó su cargo luego de más de una década en funciones, tras una grave denuncia de su expareja. Qué dijo el funcionario en su defensa.
DàGostino ocupaba el cargo desde 2015.
Foto: Yemel FilEl subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, presentó su renuncia indeclinable al cargo que ocupaba desde 2015, en medio de una grave denuncia penal en su contra, por parte de su pareja, que tomó estado público en las últimas horas.
El funcionario, que había sido designado durante la primera gestión de Alfredo Cornejo y continuó en el puesto durante el gobierno de Rodolfo Suarez y el actual mandato del propio Cornejo, comunicó su salida a través de una nota formal en la que aseguró que su decisión apunta a “garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia”.
En el escrito, D’Agostino sostuvo que las acusaciones en su contra son “absolutamente falsas” y afirmó que la denuncia tiene como objetivo “desacreditar su persona y desprestigiar el cargo”. Además, remarcó que busca que la investigación avance “con total libertad y sin generar suspicacias” sobre el funcionamiento de las instituciones.
La dimisión se produce luego de que se conociera una grave denuncia penal por abuso de poder y violencia de género, en la que se lo acusa de delitos como abuso sexual con acceso carnal, lesiones y amenazas, en un contexto que también incluye presunto uso de recursos estatales para intimidar a la denunciante.
La presentación judicial describe un supuesto ciclo de violencia progresiva que habría comenzado en 2021, durante el inicio de la relación afectiva entre ambos, y que se habría extendido hasta fines de 2024, con episodios de hostigamiento posteriores.
El hecho más grave, según la denuncia, ocurrió a comienzos de 2024. La mujer afirma que, tras una discusión dentro de un vehículo en movimiento, el funcionario la amenazó, le quitó el teléfono para impedir que pidiera ayuda y la obligó a ingresar a una propiedad privada. Allí se habría producido una agresión física que la dejó inmovilizada por el dolor. Al día siguiente, D’Agostino habría impuesto un acto sexual sin consentimiento, aprovechando —siempre según el escrito— su superioridad física y el estado de shock emocional de la víctima.
La denuncia sostiene que este episodio no sería aislado, sino la culminación de un patrón que habría incluido "agresiones previas documentadas fotográficamente, humillaciones públicas y un monitoreo constante de la privacidad" de la denunciante.
D’Agostino ocupa desde 2015 el cargo de Subsecretario de Justicia de Mendoza, un puesto estratégico que articula áreas sensibles del sistema judicial y de seguridad. Además, es representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura provincial y actualmente ejerce como vicepresidente Primero del Foro Federal de Consejos de la Magistratura (FOFECMA) para el período 2024–2026.
El funcionario era el "brazo" político del cornejismo en la Justicia provincial, junto al procurador Alejandro Gullé. Hombre de absoluta confianza del gobernador, es uno de los nombres con mayor poder en tribunales. Bajo su gestión se desarrollaron todas las reformas judiciales impulsadas por el radicalismo en los últimos once años.
Esa acumulación de roles, según la denuncia, habría generado un “temor reverencial” dentro del ámbito judicial y profesional, dificultando que la víctima encontrara representación legal. Uno de los aspectos más sensibles del caso es la presunta utilización del poder estatal para sostener el sometimiento. La víctima afirma que D’Agostino se jactaba de su cercanía con la máxima autoridad provincial, que ponía llamadas en altavoz para exhibir su influencia y que aseguraba que cualquier denuncia “terminaría archivada”.