El titular de Aysam, Humberto Mingorance, fue imputado por los desbordes cloacales en Guaymallén, tras meses de denuncias vecinales e informes técnicos que detectaron contaminación microbiológica. La defensa del Gobierno.
La justicia avanza sobre funcionarios por el colapso de la Colectora Máxima Noreste, que afecta a más de medio millón de personas del Gran Mendoza
Foto: Cristian LozanoLa Justicia avanzó contra el titular de Aysam, Humberto Mingorance, quien fue imputado en el marco de la causa que investiga los desbordes cloacales en Los Corralitos, Guaymallén, uno de los conflictos ambientales y sanitarios más graves que enfrenta Mendoza en los últimos años.
La decisión judicial se da tras meses de denuncias de vecinos, informes técnicos y cruces entre organismos provinciales por el colapso de la Colectora Máxima Noreste, que transporta efluentes de más de medio millón de personas del Gran Mendoza.
Así lo pidió el fiscal Gabriel Blanco, que recomendó imputar a las autoridades de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) por los desbordes. La decisión tuvo el aval del fiscal Sebastián Capizzi y de Gustavo Pirrello, el fiscal general adjunto, por tratarse de funcionarios públicos.
La imputación es por daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público, en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud.
Además de Mingorance, la imputación recae sobre otros responsables técnicos de Aysam: el gerente general, Darío Hernández; y al gerente de operaciones Carlos Cifuentes.
La imputación contra el titular de Aysam se basa en los argumentos técnicos y legales expuestos por el Departamento General de Irrigación en la Resolución 481, mediante la cual también se le aplicó a la empresa una multa de 120 millones de pesos.
Según la investigación judicial, los líquidos cloacales vertidos en Los Corralitos fueron considerados residuos peligrosos por el riesgo sanitario y ambiental que representan. Por ese motivo, la acusación quedó encuadrada dentro del artículo 55 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Esa normativa establece sanciones para quienes contaminen de manera peligrosa para la salud el agua, el suelo, la atmósfera o el ambiente en general mediante residuos peligrosos.
En la resolución de Irrigación también se detalla que el vuelco de líquidos cloacales al “Rama 12” que pertenece al canal Vertientes Corralitos, se realizó sin autorización del organismo, lo que fue considerado una “grave violación” a la normativa vigente.
Además, el expediente sostiene que para ejecutar las maniobras se produjo la rotura de infraestructura pública vinculada al sistema hídrico, situación que fue calificada como una “intervención ilícita sobre bienes públicos”.
Otro de los puntos señalados en la investigación es que, según Irrigación, no existieron medidas de mitigación eficaces para evitar el impacto ambiental provocado por los derrames.
Mingorance, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Alfredo Cornejo desde la etapa en que ambos compartieron gestión en Godoy Cruz, quedó en el centro de la investigación junto a otros responsables técnicos de la empresa estatal de agua y saneamiento.
El actual titular de Aysam pasó por la Secretaría de Ambiente y hoy conduce una de las empresas públicas más sensibles de Mendoza, en medio de cuestionamientos por el estado de la infraestructura cloacal y sanitaria.
El eje de la causa está puesto en los derrames cloacales registrados en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo, donde vecinos denuncian desde hace años contaminación, olores nauseabundos y afectación de pozos de agua y canales de riego.
Incluso, informes de la Universidad Nacional de Cuyo y del Ministerio de Salud, incorporados al expediente, detectaron presencia de bacterias y contaminación microbiológica en muestras de agua domiciliaria de la zona.
También el Departamento General de Irrigación había advertido sobre vuelcos de líquidos cloacales en cauces utilizados para riego agrícola, lo que elevó la preocupación por el impacto ambiental y sanitario del problema.
La causa avanzó luego de que fiscales consideraran que existen elementos suficientes para investigar posibles infracciones ambientales vinculadas al manejo de efluentes cloacales.
En paralelo, desde Aysam sostienen que el problema estructural se arrastra desde hace décadas y responde al colapso de infraestructura histórica que nunca recibió obras de fondo.
El propio Mingorance había reconocido públicamente que la empresa conocía la situación desde hacía varios años y que eran necesarias inversiones de gran escala para revertir el deterioro del sistema.
Mientras tanto, los vecinos de Los Corralitos continúan reclamando soluciones definitivas ante una problemática que, aseguran, afecta la salud, el ambiente y también la actividad productiva de la zona.
En medio del avance judicial, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, salió a respaldar a Mingorance y aseguró que la situación no responde a responsabilidades individuales, sino a un problema estructural del sistema cloacal.
“A Mingorance, o a cualquier persona que hubiese estado a cargo de Aysam, le iba a pasar”, afirmó, y remarcó que “no hay una acción o una inacción de la empresa” detrás del conflicto.
El funcionario explicó que el servicio de cloacas tiene una complejidad particular porque no puede interrumpirse, a diferencia de otros servicios básicos. “La cloaca no se puede cortar: todo el tiempo estamos generando líquidos cloacales”, sostuvo.
En ese marco, indicó que la provincia viene realizando inversiones desde hace más de una década sobre una red con más de 45 años de antigüedad, y que el sistema actual recibe efluentes de varios departamentos del Gran Mendoza, lo que agrava la situación en zonas como Guaymallén.
Sobre la respuesta a la crisis, Mema detalló que el Gobierno trabaja en tres niveles de solución:
Además, defendió una de las medidas más cuestionadas: el desvío de efluentes hacia canales de riego para evitar el contacto directo con la población. Según explicó, “la mejor solución, dentro de esa crisis, es evacuar el agua a través de los canales”.
En relación a los riesgos sanitarios, aseguró que no se ha detectado contaminación hasta el momento y que existe un monitoreo permanente por parte de distintos organismos. “Hace dos años que tenemos una alerta sanitaria en toda esa zona y no hemos registrado problemas”, señaló.
Finalmente, el ministro cuestionó el impacto de la imputación y relativizó su efectividad para resolver el problema de fondo. “No veo que eso solucione nada. Podemos cambiar a la persona y vamos a tener el mismo problema”, afirmó.
Y concluyó: “No es una cuestión personal. Tenemos que trabajar entre todos los organismos para remediar la situación y acompañar a los vecinos de Corralitos”.
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