21 de abril de 2026
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Justicia

Juicio político para el juez Sarmiento: lo acusan por liberar presos que salieron de la cárcel y mataron

El Jury de Enjuiciamiento resolvió que Sebastián Sarmiento, juez de Ejecución Penal, sea suspendido y vaya a juicio político por "mal desempeño".

Por Florencia Martinez del Rio

Este jueves, el Jury de Enjuiciamiento resolvió que Sebastián Sarmiento, juez de Ejecución Penal, deberá enfrentar la suspensión y un proceso de juicio político. Fue denunciado por mal desempeño y desorden de conducta raíz de diversos fallos a su cargo.

Así lo decidió el cuerpo, integrado por jueces de la Corte y legisladores provinciales, con 13 votos a favor y 8 en contra. Sarmiento fue acusado por el diputado radical Franco Ambrosino (en su calidad de abogado) por distintos hechos, uno de ellos, el de Héctor Pelayes, que fue asesinado por un hombre que debía estar detenido pero obtuvo la libertad de manera anticipada.

De esta manera, el juez de Ejecución Penal quedará suspendido de su cargo a la espera del inicio del juicio político que podría derivar en su destitución.

Los hijos del ex policía Héctor Pelayes, quien murió durante un intento de asalto en su casa, tras enfrentarse a tiros con Roberto Rolando Pereyra Cruz, que tenía antecedentes penales por homicidio en ocasión de robo y amenazas agravadas; impulsaron el proceso contra Sarmiento.

La familia de Pelayez, acompañados de Ambrosini, presentaron el pedido por "mal desempeño" de Sarmiento por varios hechos. Como juez de ejecución penal, es quien decide si otorgarles o no el beneficio de la libertad condicional a quienes la soliciten.

Otro de los hechos involucra a un delincuente "que tendría que haber estado en prisión, tenía reclusión perpetua, pero le terminan dando la libertad condicional. ¿Cuál es el efecto de esa situación? Es que una nena de 12 años termina abusada en reiteradas veces con acceso carnal", explicó el abogado.

A esto se suma la decisión de Sarmiento de frenar el secuestro de celulares en las cárceles tal como había iniciado el Gobierno. Y la orden de traslado especial para dos presos a San Rafael cuando desde allí los habían enviado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad.

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