El gobernador volvió a cuestionar el accionar del magistrado en casos sensibles "de gente que ha dejado en libertad y luego ha cometido" delitos. Qué dijo de la defensa del juez.
El juez Sebastián Sarmiento, complicado por el inicio de su juicio político.
El gobernador Alfredo Cornejo cuestionó con dureza al juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento tras el avance del Jury de Enjuiciamiento que derivó en su suspensión y el inicio de un juicio político. Según el mandatario, el magistrado no contribuyó a la seguridad de los mendocinos y tomó decisiones judiciales que tuvieron consecuencias graves.
“El juez Sarmiento no contribuye a la seguridad de los mendocinos”, afirmó en conferencia de prensa, y enumeró "casos emblemáticos" de personas que recuperaron la libertad anticipadamente y luego cometieron delitos graves, como homicidios y abusos sexuales a menores.
Entre esos expedientes mencionó el del expolicía Héctor Pelayes, asesinado por un delincuente que había sido beneficiado con una liberación anticipada. También mencionó otro caso que terminó con el abuso reiterado de una nena de 12 años.
En ese marco, aclaró que los jueces no son responsables directos de la inseguridad, pero advirtió que sus decisiones pueden tener un impacto indirecto. “No son responsables in situ, es obvio, pero pueden ser indirectamente responsables de dejar en la calle a personas violentas, con conductas antisociales. Eso es muy peligroso”, remarcó.
Cornejo también se refirió al desarrollo del proceso institucional y a la estrategia defensiva del juez suspendido. Señaló que Sarmiento está ejerciendo su derecho a defenderse, aunque cuestionó las maniobras dilatorias.
“Él tiene todo el derecho a defenderse. De hecho, está buscando dilatar todos los procesos y ya presentó una nulidad en su suspensión”, indicó. “Seguirá ese proceso y veremos cómo se resuelve al final”, concluyó.
La semana pasada, el órgano que integran los jueces de la Suprema Corte y 14 legisladores resolvió suspender al juez e iniciar el proceso de juicio político, luego de ser denunciado por mal desempeño y desorden de conducta a raíz de diversos fallos que firmó.
Ahora el magistrado, quien percibe la mitad de su salario mientras se desarrolla el juicio político, cuenta con un mes para presentar pruebas. Luego el Jury volverá a reunirse para dictaminar un fallo absolutorio o condenatorio, que podrá consistitr en una suspensión temporal (máximo 180 días) sin goce de haberes, o directamente en la destitución.
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