La Justicia de la provincia de Mendoza busca descongestionar las playas de secuestros en las que se encuentran miles de vehículos, generando un impacto ambiental negativo. Para eso, procederá al decomiso de algunos de estos.
8 de septiembre de 2026
La Corte de Mendoza acelera el “descongestionamiento” de playas judiciales con el decomiso exprés para miles de vehículos.
La Corte de Mendoza acelera el “descongestionamiento” de playas judiciales.
Foto: Cristian LozanoLa Justicia de la provincia de Mendoza busca descongestionar las playas de secuestros en las que se encuentran miles de vehículos, generando un impacto ambiental negativo. Para eso, procederá al decomiso de algunos de estos.
La Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó una acordada —publicada en el Boletín Oficial con fecha 31 de octubre de 2025— que habilita un mecanismo de decomiso de pleno derecho para vehículos judicializados que llevan más de dos años en las playas de secuestro de toda la provincia.
El objetivo es liberar depósitos colapsados, reducir riesgos ambientales y de incendios, y dar un destino útil a bienes que hoy son una carga para el Estado.
La Corte intimará por correo electrónico a los juzgados y fiscalías intervinientes para que, en cada causa, indiquen si corresponde mantener un vehículo como evidencia. Si en tres días hábiles no hay oposición fundada, el decomiso se producirá automáticamente y el bien quedará a disposición del Poder Judicial para su remate, donación, uso institucional o destrucción/compactación, conforme la Ley 6816 (y su modificatoria 6949).
Según el relevamiento remitido por el Ministerio de Justicia y Seguridad, en las playas provinciales hay 8.596 vehículos de procedencia judicial con más de dos años de bodegaje (algunos superan los 20) sin contar otros 3.180 alojados en distritales. La Corte subrayó que la permanencia a la intemperie provoca pérdida de valor y riesgos sanitarios y ambientales (contaminación de suelos y napas por fluidos; presencia de roedores; peligro de incendios como los registrados en San Agustín y Vignaud).
La acordada deja abierta la incorporación del Poder Judicial al Programa Mendoza Compacta (PRO.ME.COM.) —creado por Ley 9359—, que ya cuenta con una UTE adjudicataria para tareas de descontaminación, desguace y destrucción de rodados retenidos bajo otras normativas.
En tanto, se plantean excepciones, como cuando el vehículo mantenga interés probatorio (por ejemplo, como evidencia en una causa en trámite), el juez podrá fundar su conservación hasta dos años desde el secuestro. Vencido ese tope, rige la regla del decomiso.
