Los gremios exigen que la reapertura de paritarias se realice antes de la fecha anunciada por el Ejecutivo.
Foto: Yemel FilSi bien en 2022 el Gobierno de Rodolfo Suarez cerró acuerdos salariales con los 18 regímenes que se sientan a discutir en paritarias, atravesó varios momentos turbulentos, como la masiva movilización del SUTE (con paros docentes incluidos), la extensa huelga de ATE, y el conflicto con los anestesiólogos y profesionales de la salud, entre otros.
Teniendo en cuenta que 2023 es un año electoral y en las negociaciones suelen colarse intereses extra salariales, la tónica de estos meses podría ubicarse en esos carriles. El Ejecutivo provincial deberá apelar a la muñeca política para sortear contiendas que le generen más de un dolor de cabeza en la última etapa del mandato.
Es por ello que la convocatoria a paritarias para esta semana (e inicios de la otra) se presenta con una carga adicional. Del éxito o fracaso del diálogo con los gremios dependerá la continuidad de la “paz social” que los miembros del gabinete suarista y el propio Gobernador se encargaron de remarcar durante todas las actividades vendimiales. Una “tranquilidad” que cotiza en bolsa en épocas preelectorales.
El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, ya anticipó una de las pautas que debatirá con los sindicatos: la temporalidad de las convocatorias. Es que desde que se desató la crisis inflacionaria, la administración provincial adoptó como política llamar a las entidades en periodos cortos para revisar la actualización salarial (en lapsos -aproximadamente- de tres meses).
“Tenemos que mantener un diálogo fluido con los gremios, pero no podemos estar permanentemente convocando (a paritarias)”, reveló el funcionario, quien además puso en valor la labor de su cartera y la de Hacienda respecto a la relación con las organizaciones sindicales y el cumplimiento de los acuerdos rubricados con cada una de ellas.
El primero en sentarse con los representantes del Gobierno será el SUTE (educación) el jueves 9 de marzo. El gremio ha encabezado una serie de acciones desde el inicio de clases a esta parte, que incluyó la instalación de una carpa en la Legislatura y participación en la contramarcha del Carrusel, donde se ejecutó una manifestación artística que reprodujo un aula de escuela con tachos de pintura en lugar de sillas y mobiliario roto.
Desde la entidad que conduce Carina Sedano adelantaron a Sitio Andino que la expectativa de la reunión con la patronal se centra en “empezar a recuperar lo que viene atrasado” y pusieron como ejemplo lo ocurrido en otras provincias, donde se cerraron convenios salariales semestrales, con cláusula de revisión a mitad de año.
Además, insistirán con el pedido de reparación de “lo perdido” en 2020, cuando no se actualizaron los salarios por la pandemia de Covid, reclamo que desde el Ejecutivo entienden “saldado” cuando se firmó el aumento al año siguiente, que -según el Gobierno- involucró a ambos ejercicios.
“Si no se resuelve el retraso por el no aumento de 2020, no vamos a dejar de estar en el pelotón de las provincias del país con peores salarios de trabajadores de la educación”, manifestaron.
ATE, por su parte, presentó una nota ante la Subsecretaría de Trabajo solicitando la postergación de las audiencias paritarias para después del 13 de marzo. Los motivos son, concretamente, dos: que la convocatoria actual se superpone con las distintas actividades que llevará adelante la central obrera en ocasión de la Semana de la Mujer y el #8M, y que todavía no se cuenta con los datos inflacionarios de febrero, que serán puestos en la mesa negociadora. La solicitud contó con el visto bueno del oficialismo, que pospuso los encuentros con la organización para el 17 y el 20 de marzo, según los regímenes.
No obstante, Roberto Macho -secretario general del sindicato- también dio indicios de cuál será el rumbo del pedido: “La inflación (anual) estará entre el 85 y el 90% y quienes ya cerraron paritarias lo hicieron semestralmente entre el 40 y 50%. Hay que tener presentes los datos y que ningún trabajador quede por debajo de la inflación”, manifestó.
Además, repetirán exigencias de otras paritarias: cumplimiento de pases a planta y cambios de regímenes (en el área salud) ya firmados, pagos de retroactivos y reconocimiento de antigüedad, entre otros.
En cuanto a los profesionales de la salud (régimen 27), nucleados en AMPROS, pretenden el retorno de la denominada “cláusula gatillo” o alguna fórmula de indexación que actualice los salarios mes a mes según la variación del IPC.
“De este modo podemos enfocarnos en otros temas importantes como el faltante de pediatras, especialidades, los cambios en la Ley de Residencias, el cumplimiento del pago de mayores dedicaciones, los recursos críticos que migran del país, etc.”, especificó a este diario la titular del gremio, Claudia Iturbe.
También solicitarán la mejora de algún adicional salarial para compensar -tal postula el SUTE- lo perdido en 2020.
Desde la Unión Personal de Juegos y Casino de Mendoza (UPJCM), su secretario general Martín Caín reveló a este medio que reclamarán también la discusión de un incremento semestral. “Si se toma en cuenta que el promedio de inflación es cercano al 6% mensual, implicaría un 36% de aumento” como piso de negociación.
Pero lo más novedoso que planteó el dirigente gremial es que llevarán a la mesa la exigencia de participación de los trabajadores en las utilidades que genere el juego online, que en Mendoza está regulado por ley desde 2020, pero se pondrá en marcha recién este año (el IPJyC evalúa las diez empresas que se presentaron a la licitación, cinco de las cuales recibirán licencia para comenzar a operar).
Por otro lado, solicitarán “la apertura de los concursos de ingresos y ascensos para el personal, dado que contamos con personal en planta temporaria hace ya siete años”, indicó.
