La falta de diálogo entre el Gobierno y el peronismo provincial continúa y, en los últimos días, se marcaron aún más las diferencias con dos novedades que llegaron de Nación en materia de conectividad.
La falta de diálogo entre el Gobierno y el peronismo provincial continúa y, en los últimos días, se marcaron aún más las diferencias con dos novedades que llegaron de Nación en materia de conectividad.
Luego de los cruces por la falta de móviles policiales en San Rafael, las discusiones por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, la denuncia al gobernador Rodolfo Suarez por no acatar el feriado nacional del 2 de septiembre y el rechazo opositor a la reforma de la Suprema Corte, ahora desde ambos sectores buscaron adjudicarse dos gestiones puntuales: el anuncio por los nuevos vuelos entre Mendoza y Río de Janeiro y la remodelación del aeropuerto de San Rafael.
Este miércoles, Suarez comunicó el regreso de la conexión con la ciudad carioca. En la feria ABAV de Recife, la ministra de Turismo y Cultura, Nora Vicario, se mostró con funcionarios de Aerolíneas Argentinas y detallaron que habrá dos frecuencias semanales desde enero entre ambas locaciones.
Horas después, el presidente de esa compañía, Pablo Ceriani, celebró la noticia y aseguró que la misma fue trabajada en conjunto con la titular del Partido Justicialista mendocino, la senadora Anabel Fernández Sagasti. "Excelente noticia para Mendoza", retuiteó la legisladora del Frente de Todos.
Previamente, los tironeos se habían evidenciado con los arreglos en el aeropuerto Germanó, de San Rafael. Las autoridades de AA2000 le habían confirmado a Suarez una inversión de $3.300 millones y, posteriormente, se realizó la apertura de sobres para la licitación.
El intendente sanrafaelino Emir Félix, en tanto, viajó a Buenos Aires para firmar el convenio, y se resaltó que las obras (que incluirán rehabilitación de la pista, rodaje y plataforma, nuevo sistema de balizamiento, remodelación y ampliación de la terminal de pasajeros y la infraestructura para el mantenimiento y servicios de apoyo) demandarán $4.600 millones.