Emir Félix, convencional municipal electo, cuestionó la intención del oficialismo de anular el proceso de creación de la carta orgánica. Qué hará la Comuna.
Emir Félix cuestionó con dureza a Hebe Casado por su rol en el conflicto.
La decisión del Gobierno de Mendoza de judicializar el proceso de creación de la Carta Orgánica de San Rafael y, en paralelo, enviar un proyecto de enmienda constitucional para consagrar la autonomía municipal en los 18 departamentos, no cayó bien en la comuna sureña. No tanto por el fondo —que es coincidente con la postura local—, sino por las formas.
Uno de los convencionales municipales electos en febrero, Emir Félix, cuestionó la movida del oficialismo y —particularmente— el recurso presentado ante el máximo tribunal, a cargo de la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
“Vinieron a buscar un conflicto político donde no lo hay”, sostuvo el exintendente y actual diputado nacional en diálogo con Noticiero Andino. Consideró que se trata de “una agresión al pueblo de San Rafael” y apuntó directamente contra la vice, oriunda del departamento.
En ese marco, Félix apuntó directamente contra Casado por su rol en la acción judicial elegida por el Ejecutivo provincial y su intervención en el conflicto. “Lo de la vicegobernadora siempre es bochornoso, haga lo que haga busca desacreditar”, lanzó el dirigente peronista.
Además, consideró que su accionar representa una oportunidad perdida para el departamento. “Es tristísimo que San Rafael tenga una vicegobernadora que no esté a la altura de lo que los sanrafaelinos necesitan”, disparó.
En esa línea, Félix sostuvo que la decisión de acudir a la Corte para frenar el proceso de la Carta Orgánica responde a una lógica partidaria antes que institucional; con la mirada puesta en confrontar con una administración de diferente color político.
Planteó que el oficialismo cayó en una contradicción luego de afirmar que la autonomía municipal "no hacía falta" cuando San Rafael anunció que avanzaría con ese proceso, "y ahora impulsan una reforma constitucional para incorporarla".
Félix también puso el foco en la elección del pasado 22 de febrero, en la que se eligieron los 24 convencionales encargados de redactar la Carta Orgánica, con participación de todas las fuerzas políticas, incluido Cambia Mendoza (que compitió en alianza con La Libertad Avanza). “Fueron a la elección, presentaron candidatos y ahora, como no les gustó el resultado (NdR: la lista que encabezó el diputado nacional se impuso en esa categoría), buscan que la Corte anule todo”, planteó.
Advirtió que el proceso tuvo una validación institucional previa, luego del acuerdo alcanzado en el máximo tribunal tras un planteo impulsado por el diputado José Luis Ramón, que permitió avanzar con los comicios. Para el exintendente, desconocer ese recorrido implicaría un retroceso institucional grave. “No se puede decirle a la gente que vaya a votar y después suspender el resultado”, reparó.
No obstante, dejó una lectura positiva del conflicto con la Provincia y consideró que el envío del proyecto de enmienda constitucional “termina dándole la razón a San Rafael” sobre la necesidad de reconocer un derecho inherente a los municipios, consagrado en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
Argumentó que si el oficialismo impulsa una reforma para instituir la autonomía municipal, es porque reconoce que el esquema actual resulta insuficiente o ambiguo, lo que respaldaría la decisión del municipio de avanzar con su Carta Orgánica.
En esa línea, planteó que la discusión de fondo debería centrarse en garantizar esa autonomía de manera plena, en lugar de frenar el proceso iniciado en el departamento.
Mientras tanto, el escenario se traslada al ámbito judicial. La presentación del Gobierno busca que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad del proceso de elaboración de la Carta Orgánica en San Rafael, lo que podría frenar su avance.
Desde el municipio, en tanto, anticiparon que defenderán la validez del proceso y sostendrán la convocatoria a la convención municipal, a la espera de lo que resuelva el máximo tribunal. Félix adelantó que acudirán a la Corte Suprema de la Nación en caso de no obtener un fallo local favorable.
Rencillas políticas de lado, la idea de otorgarle a los municipios el reconocimiento como entidades jurídicas, políticas y administrativas plenas, con independencia del gobierno provincial, es un debate que se ha librado en distintas épocas de la vida institucional de Mendoza.
Si bien se ejerce de hecho de modo semipleno, como —por ejemplo— cuando varios municipios avanzaron en la limitación de las reelecciones de sus concejales, todavía existen aspectos donde ese derecho no está garantizado.
En los diferentes proyectos de reforma constitucional que se han presentado a lo largo de las últimas décadas en la Provincia, se ha incluido la autonomía municipal, pero tales iniciativas siempre se han truncado (no por este apartado, justamente).
Incluso hay constitucionalistas que consideran que no es necesario una enmienda de la carta magna, sino que con una ley bastaría para instituirla.
El último intento por incorporar la autonomía municipal en Mendoza se dio en 2021, cuando el por entonces gobernador Rodolfo Suarez la planteó como uno de los puntos contemplados en su proyecto de reforma constitucional/institucional, que también naufragó en la Legislatura.
Hubo —en 2024— otro fallido proyecto del Partido Justicialista para reformar el artículo 199 de la Constitución Provincial, pero fue rechazado por el oficialismo, que lo consideró “oportunista”.
Lo dicho: la vía elegida por el Ejecutivo es la enmienda de un artículo, un mecanismo más acotado que una reforma integral, pero que exige un procedimiento institucional riguroso. Consta de tres pasos:
A diferencia de la reforma, en este caso se omite la elección de convencionales constituyentes, ya que lo que se reforma es un solo artículo. La modificación del texto constitucional se establece directamente en la norma que sancione la Legislatura.
De avanzar la propuesta del cornejismo (con la nueva conformación legislativa que debutará en mayo de este año, tiene prácticamente garantizados los dos tercios propios en ambas cámaras), la autonomía municipal quedaría formalmente incorporada al texto constitucional, saldando una deuda histórica del sistema institucional mendocino, que arrastra desde la reforma de la CN en 1994.