Tras los fallos judiciales que obligan a aplicar ambas normas, la Casa Rosada busca incorporarlas al próximo proyecto de Presupuesto con modificaciones que permitan sostener el equilibrio fiscal.
La renovada mesa política ya trabaja en el armado del Presupuesto 2027.
Foto: Prensa Casa RosadaEl Gobierno nacional comenzó a delinear el proyecto de Presupuesto 2027 y analiza introducir cambios en las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos normas que fueron impulsadas por el Congreso y cuya aplicación terminó siendo ordenada por la Justicia. La estrategia oficial apunta a compatibilizar esas obligaciones con la meta de mantener el equilibrio fiscal.
La iniciativa es coordinada por el equipo económico y la Jefatura de Gabinete, que encabeza Diego Santilli, en un contexto en el que el Ejecutivo busca evitar que el incremento del gasto quede librado a mecanismos automáticos establecidos en ambas leyes. Según trascendió, la intención es que las modificaciones formen parte del articulado del Presupuesto 2027 que será enviado al Congreso en los próximos meses.
En la Casa Rosada sostienen que el objetivo es diseñar un esquema de financiamiento que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales y de las prestaciones para personas con discapacidad, pero sin comprometer la política de superávit fiscal que impulsa la administración de Javier Milei.
La propuesta aún se encuentra en elaboración y podría contemplar nuevos criterios para la actualización de partidas presupuestarias, reemplazando algunos de los mecanismos automáticos previstos en las leyes vigentes.
El debate se produce después de que la Corte Suprema dejara firme el fallo que ordenó al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que la Ley de Emergencia en Discapacidad también quedó vigente por decisión judicial, obligando al Ejecutivo a garantizar los recursos previstos en esa normativa.
En el caso de las universidades, el Gobierno ya mantiene negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para acordar una nueva normativa que contemple una actualización de los gastos de funcionamiento, mejoras salariales para docentes y no docentes, recursos para hospitales universitarios y una recomposición de las becas estudiantiles.
La inclusión de estos cambios dentro del Presupuesto anticipa un nuevo debate parlamentario. La oposición ya advirtió que buscará preservar el espíritu de las leyes aprobadas por el Congreso y rechazará cualquier modificación que implique reducir derechos o disminuir el financiamiento previsto para ambos sectores.
Por su parte, el oficialismo confía en que el tratamiento del Presupuesto permitirá alcanzar un consenso que brinde previsibilidad financiera y, al mismo tiempo, mantenga el orden de las cuentas públicas, uno de los principales ejes de la política económica del Gobierno.
