La Cámara de Senadores aprobó la derogación de normas “obsoletas”, sancionadas entre 1951 y 1975, una iniciativa del Gobierno de Mendoza.
El Gobierno de Mendoza sigue con la limpieza legislativa: avanzó otra etapa de la Ley Hojarasca.
El Gobierno de Mendoza avanza con el "barrido legislativo" luego de que la Cámara de Senadores aprobara este martes la segunda etapa de la denominada "Ley Hojarasca", que busca eliminar leyes en desuso. En este caso, se trató de un análisis de 175 normas de entre 1951 y 1975, y se propuso derogar 87. La iniciativa pasó a Diputados.
El proyecto forma parte del proceso de modernización institucional que impulsa la vicegobernadora Hebe Casado. El proceso de revisión se organizó por criterios: normas que fueron superadas por avances tecnológicos, cambios económicos o simplemente por el paso del tiempo. Muchas de ellas, además, regulaban organismos o estructuras administrativas que ya no existen.
El senador Walther Marcolini explicó que “el objetivo principal es erradicar lo que se transforma en una sobrelegislación con el paso de las décadas”. En esta segunda fase, el análisis comprendió el período entre 1951 y 1975, con un estudio de 172 leyes, "de las cuales se propone derogar 87".
En agosto pasado, la Legislatura de Mendoza sancionó la primera etapa de la Ley Hojarasca, que abarcó un total de 102 leyes, de las cuales se eliminaron 75, lo que representó un 74% del total.
Este proyecto del Gobierno de Mendoza tiene las mismas características que el enviado al Congreso de la Nación en octubre del año pasado por el presidente Javier Milei para eliminar alrededor de 70 leyes consideradas "inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades".
“En definitiva, lo que hace esta iniciativa es continuar con el reordenamiento normativo que tendrá una tercera etapa, desde 1975 hasta la actualidad”, adelantó Marcolini.
El legislador indicó que el propósito de la Ley Hojarasca es “establecer un marco legal claro, actualizado y transparente” que contribuya a la eficiencia legislativa y al mejor funcionamiento del Estado provincial.
