El Gobierno de Mendoza apunta a crear áreas especializadas y ordenar las audiencias en causas con detenidos in fraganti.
El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores.
Foto: Yemel FilEl Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley que modifica el procedimiento de flagrancia para lograr agilizar la aplicación de penas a imputados sorprendidos in fraganti en robos, hurtos o encubrimientos. El Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus, pretende "dar una respuesta más efectiva en delitos menores".
La iniciativa, presentada ante la Cámara de Diputados, apunta a dar una mejor respuesta por parte del sistema penal en los casos con evidencia inmediata, reorganizando el Ministerio Público Fiscal al crear áreas especializadas y ordenando a la Suprema Corte de Justicia y a los organismos de gestión que adecuen sus protocolos.
Según el Poder Ejecutivo, "contar con equipos dedicados exclusivamente a este tipo de delitos permitirá mejorar la calidad del trabajo fiscal, unificar criterios y sostener la celeridad que exige este tipo de procedimientos". A su vez, señalaron que esto se complementará con "políticas orientadas a sanciones breves vinculadas a programas educativos y de formación laboral", articuladas con el Servicio Penitenciario.
El Gobierno explicó que esta iniciativa integra el paquete de reformas en el ámbito judicial impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia. En este caso, apuntan a "fortalecer la respuesta penal y agilizar la aplicación de penas y abordajes específicos en casos donde el imputado es sorprendido in fraganti, especialmente en delitos como robos, hurtos o encubrimientos, entre otros".
Se trata de actualizar el procedimiento de flagrancia, la instancia que se aplica cuando una persona es detenida mientras comete un delito o, inmediatamente después, durante su persecución, en el Código Procesal Penal de Mendoza.
Mercedes Rus.
El proyecto busca una reorganización interna del Ministerio Público Fiscal. La Procuración General deberá conformar equipos especializados para el impulso, litigación y soporte técnico de las causas de flagrancia, con dedicación exclusiva y formación específica. El proyecto también ordena que la Suprema Corte y los organismos de gestión adecuen sus protocolos y turnos para asegurar que los plazos previstos en la ley se cumplan efectivamente en toda la provincia.
El Gobierno que modificar los plazos y etapas del proceso de flagrancia para que las audiencias avancen en tiempos "razonables" y no se dilaten las causas de menor complejidad.
Además, la iniciativa fija un plazo para que el Ministerio Público Fiscal solicite la audiencia inicial tras la aprehensión o imputación, con posibilidad de extenderlo cuando sea necesario producir pruebas básicas. El procedimiento incluye una audiencia de finalización que debe realizarse en un plazo acotado y con sentencia dictada en el mismo acto, salvo excepciones. Las causas que correspondan a juicio por jurado continúan excluidas de este trámite.