El caso Noelia reabre el debate por la eutanasia en Argentina y revive proyectos impulsados desde Mendoza
El caso de una joven española vuelve a poner en agenda una discusión pendiente en Argentina, donde Mendoza tuvo un rol clave en impulsar proyectos sobre eutanasia.
El caso de la joven española Noelia, reabre el debate por la eutanasia en Argentina.
El caso de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que este jueves 26 de marzo recibirá la eutanasia tras una larga batalla judicial, volvió a poner sobre la mesa una discusión sensible, compleja y todavía inconclusa en la Argentina: si el país debe avanzar o no hacia una ley que habilite la ayuda médica para morir en casos excepcionales. En Mendoza, ese debate no es nuevo. Desde hace años, representantes de la provincia vienen dando impulsos políticos, médicos y jurídicos para que el Congreso de ese paso.
Hoy, en la Argentina, la eutanasia no es legal. Lo que sí existe es la llamada Ley de Muerte Digna, sancionada en 2012.
Esta ley permite a los pacientes rechazar procedimientos o tratamientos que prolonguen artificialmente la vida en determinadas circunstancias, dentro del marco de la Ley 26.529 de derechos del paciente. Pero esa norma no habilita una intervención médica destinada a provocar la muerte.
El caso Noelia y por qué volvió a encender la discusión
Noelia quedó parapléjica tras un intento de suicidio ocurrido en octubre de 2022, en un contexto atravesado por una historia de violencia, sufrimiento psíquico y una agresión sexual múltiple. Solicitó formalmente la eutanasia en abril de 2024. Su pedido fue avalado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, pero quedó frenado durante meses por presentaciones judiciales impulsadas por su padre y acompañadas por la asociación Abogados Cristianos.
Eutanasia - Noelia Castillo
El caso de Noelia, en España, vuelve a poner en agenda un debate sensible que Argentina aún no resolvió: la eutanasia.
Foto: web
El procedimiento recién pudo reactivarse después de que distintas instancias judiciales españolas respaldaran su derecho a acceder a la prestación: primero la justicia catalana, luego el Tribunal Supremo, más tarde el Tribunal Constitucional y, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó las medidas cautelares para frenarla. Así, la eutanasia quedó programada para este jueves 26 de marzo de 2026.
El caso tuvo una enorme repercusión pública no solo por la dureza de su historia personal, sino porque muestra con claridad cómo funciona un sistema donde la eutanasia está regulada, pero también sometida a controles, revisiones y eventuales controversias judiciales. En España, la ley está vigente desde el 25 de junio de 2021.
Qué pasa hoy en Argentina
En el país sigue vigente la Ley 26.742 de Muerte Digna, que modificó la Ley 26.529 de derechos del paciente. Esa normativa reconoce la autonomía de la persona para aceptar o rechazar tratamientos médicos y permite evitar el encarnizamiento terapéutico en situaciones de enfermedad irreversible, incurable o terminal. Pero no regula la eutanasia activa ni el suicidio médicamente asistido.
Se trata de la aplicación de medidas médicas desproporcionadas, fútiles o dolorosas para prolongar artificialmente la vida de un paciente con enfermedad irreversible, sin mejorar su calidad de vida y aumentando su sufrimiento
Por eso, cuando se habla de avanzar hacia una “ley de eutanasia” en la Argentina, no se está discutiendo una mera ampliación de la muerte digna ya existente, sino una modificación más profunda del marco legal: pasar del derecho a rechazar tratamientos al derecho a pedir asistencia médica para poner fin a la vida en situaciones extremas y bajo requisitos estrictos.
Mendoza pide el debate
En esta discusión, Mendoza aparece desde hace años como uno de los puntos de origen más visibles. Uno de los nombres centrales fue el del jurista mendocino Daniel Ostropolsky, que padecía ELA y se convirtió en uno de los principales impulsores de una ley de eutanasia asistida en el país antes de su muerte, ocurrida en septiembre de 2022. Su historia quedó asociada al reclamo por una norma que diera respuesta a personas atravesadas por sufrimientos irreversibles.
A ese antecedente se sumó el caso de Alfonso Oliva, también mendocino, cuya situación fue tomada como referencia en uno de los proyectos legislativos más conocidos, la llamada “Ley Alfonso”. En los fundamentos del texto presentado en Diputados se señala expresamente que la iniciativa nació a partir del pedido de Alfonso, que padecía ELA, y de la necesidad de dar seguridad jurídica tanto a pacientes como a profesionales de la salud.
Daniel Ostropolsky, Aldo Ostropolsky, eutanasia, esclerosis lateral amiotrófica
El abogado y dirigente político mendocino Daniel Ostropolsky, que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), encabezó el pedido al Congreso de la Nación para la sanción de una ley de eutanasia asistida en Argentina.
El Congreso acumula desde hace años distintos intentos de regular la eutanasia o la muerte médicamente asistida, pero ninguno logró convertirse en ley.
En los últimos años, dirigentes de la provincia comenzaron a plantear la necesidad de abrir el debate a nivel nacional. Entre ellos Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Julio Cobos, quienes en distintos momentos impulsaron o acompañaron iniciativas vinculadas a la regulación de la eutanasia y la muerte médicamente asistida.
Si bien los proyectos no lograron aún avanzar hasta su sanción, sí contribuyeron a instalar el tema en la agenda parlamentaria y a generar discusiones dentro de las comisiones de Salud y Legislación General del Congreso.
A fines de 2021, el gobernador y entonces legislador Alfredo Cornejo presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de "buena muerte" junto a Jimena Latorre.
En paralelo, en el Senador, Julio Cobos presentó un proyecto similar denominado: "Interrupción voluntaria de la vida" y fue acompañado por Pamela Verasay.
