La Cámara baja otorgó media sanción al régimen que otorga beneficios fiscales a inversiones mayores a USD1.000 millones US$1.000 millones. Cómo actuaron los legisladores locales.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó —y giró al Senado— el proyecto de ley que crea el denominado “Súper RIGI”, un régimen especial impulsado por el mileísmo con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en nuevas industrias tecnológicas y estratégicas. El modelo es complementario a los ya existentes RIGI, para iniciativas de menor envergadura, y RIMI, destinado a pymes.
La norma logró la media sanción con 130 votos afirmativos, 106 negativos y siete abstenciones; y pasó a la Cámara Alta para su sanción final. Concretamente, propone un esquema de incentivos fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años para proyectos de inversión superiores a los US$ 1.000 millones.
Cuatro representantes de la provincia de Mendoza tomaron la palabra durante el extenso debate; todos ellos a favor del expediente.
Lisandro Nieri (UCR) sostuvo que los regímenes de incentivo son una tendencia global en un contexto de competencia por inversiones. Señaló que el balance del RIGI vigente es “sumamente positivo” y destacó que ya existen proyectos aprobados por decenas de miles de millones de dólares, dos de ellos en Mendoza (El Quemado y PSJ Cobre Mendocino).
En esa línea, planteó que el Súper RIGI busca profundizar ese esquema para atraer inversiones de escala mundial, aunque advirtió sobre la necesidad de cuidar el desarrollo de proveedores locales y revisar aspectos vinculados a la cadena de valor en sectores estratégicos como el cobre.
Por su parte, Julieta Metral Asensio (La Libertad Avanza) — quien tomó la palabra en una sesión por primera vez desde que asumió el cargo— afirmó que el debate central es si la Argentina participará o no de las industrias que liderarán el crecimiento global.
Defendió el régimen porque "apunta a generar condiciones para inversiones que hoy no existen en el país", y sostuvo que el orden macroeconómico debe complementarse con herramientas que permitan atraer capitales. También destacó que el proyecto se enmarca en la “cláusula de progreso” de la Constitución Nacional.
En la misma línea, Álvaro Martínez (LLA) defendió la necesidad de reglas claras para atraer inversiones y cuestionó los períodos de inestabilidad normativa en el país.
Afirmó que el Súper RIGI apunta a sectores inexistentes en la Argentina, como data centers o semiconductores, y remarcó que el esquema no reemplaza sino que complementa los regímenes vigentes. Sostuvo además que el país debe competir globalmente para captar inversiones de gran escala.
El exministro de Defensa Luis Petri (LLA) —quien mantuvo un fuerte cruce con la bancada peronista— enmarcó el proyecto en el objetivo de “recuperar el crecimiento” de la Argentina y afirmó que la prioridad es generar condiciones para la inversión privada.
Cuestionó las políticas económicas de gestiones anteriores y defendió el régimen como una herramienta para garantizar previsibilidad. En ese sentido, sostuvo que el Súper RIGI es clave para atraer proyectos de gran escala y generar empleo.
El “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como Súper RIGI, apunta a atraer capitales hacia sectores que actualmente no tienen desarrollo en el país o se encuentran en etapas experimentales.
Entre las actividades alcanzadas se incluyen la inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, gas natural licuado, energías renovables, baterías de litio y manufacturas tecnológicas.
El esquema establece como condición un mínimo de inversión de US$ 1.000 millones por proyecto y la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años.
A cambio, las empresas y firmas a cargo de la inversión acceden a onerosos beneficios como:
El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta clave para atraer inversiones globales en un contexto de competencia internacional por capitales. Desde la oposición, en tanto, se plantearon cuestionamientos por el costo fiscal, la flexibilización de condiciones locales y el impacto sobre la industria nacional.
De obtener la sanción final en el Senado, las provincias y municipios deberán adherir al régimen y aceptar límites en su política tributaria para que los proyectos puedan acceder a los beneficios.
video