La Fundación Mediterránea respaldó parcialmente el Súper RIGI, pero advirtió que sin reformas estructurales Argentina no logrará cerrar su déficit de inversión.
El Super RIGI apunta a inversiones desconocidas en Argentina, pero recibe custionamientos
La economía Argentina acumula, en las últimas dos décadas, una tasa de inversión que muy pocas veces superó el veinte por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y que en los últimos años se estabilizó en torno al dieciséis por ciento. Para sostener un proceso de crecimiento continuo, la literatura económica establece como umbral mínimo el veinticinco por ciento del PBI.
La distancia es pronunciada y su componente más deficitario es la inversión extranjera directa, que en 2025 apenas alcanzó el 0,5 % del producto, frente al 3,7 % de Chile y el 3,4 % de Brasil en el mismo período.
Sobre ese trasfondo, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de ley del denominado Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias), una iniciativa destinada a atraer proyectos de más de mil millones de dólares en sectores que hoy no existen o tienen un desarrollo apenas incipiente en el país y que ayer obtuvo dictamen en comisiones de Diputados y será tratado en el recinto la próxima semana.
El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea presentó, en sintonía, un trabajo donde reconoce los méritos del proyecto pero formula objeciones de fondo.
El diagnóstico asegura que las causas del déficit inversor no son un problema sectorial sino de fallas sistémicas del entorno institucional. La volatilidad macroeconómica, los controles cambiarios recurrentes, la presión tributaria con impuestos distorsivos (que aún representan 7,5 puntos del PBI pese a la reducción registrada desde 2015), la inseguridad jurídica y una política comercial que encarece los insumos de las actividades exportadoras conforman un cuadro que desalienta cualquier inversión de largo plazo, aseguran los investigadores de la Mediterránea.
La evidencia más elocuente de este diagnóstico es que en 2025 la compra de dólares para ahorro equivalió a casi 5 puntos del PBI (4,7 %), casi el triple de la inversión extranjera directa del mismo año: los recursos existen, pero el entorno los desvía hacia la dolarización, destaca el informe.
El proyecto que impulsa el Gobierno crea un régimen con estabilidad garantizada de treinta años para un conjunto amplio de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. En materia impositiva, fija para el Impuesto a las Ganancias una alícuota del quince por ciento (frente al veinticinco del RIGI vigente y el treinta y cinco del régimen general), permite la amortización acelerada del sesenta por ciento de la inversión en el primer año, exime totalmente del Impuesto de Sellos y de los derechos de exportación desde el primer día de operación (eliminando así el período de gracia de dos a tres años previsto en el RIGI estándar), y fija una alícuota única del diez por ciento en contribuciones patronales sobre nuevas relaciones laborales. En materia cambiaria, garantiza libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones: veinte por ciento en el primer año, cuarenta en el segundo y cien por ciento a partir del tercero.
Para cuantificar el impacto de estos beneficios, el IERAL simuló la tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto industrial hipotético bajo distintos regímenes. El resultado es ilustrativo: un proyecto con una TIR inicial (rentabilidad promedio esperada de una inversión) del 6 % bajo el régimen general asciende al 11,1 % con los beneficios del RIGI actual y al 12,4 % con el Súper RIGI, o sea que la rentabilidad del proyecto se duplica contra cualquier inversión en el régimen general.
En contraste, los beneficios del RIMI (el régimen para micro, pequeñas y medianas empresas incorporado a la reforma laboral) apenas elevan esa TIR al 6,8 %, una diferencia inexistente con el régimen general.
El RIGI original fue concebido como un mecanismo transitorio para adelantar a los grandes proyectos condiciones institucionales superiores a las prevalecientes mientras se completaba el proceso de reformas estructurales. Con esa lógica, los proyectos ya aprobados bajo ese régimen suman 29.900 millones de dólares, y los que se encuentran en evaluación totalizan 111.000 millones.
Sin embargo, la propia simulación del IERAL relativiza el alcance de estas cifras: incluso si todos los proyectos en evaluación se aprobaran y ejecutaran según lo previsto, su incidencia máxima sobre la inversión total no superaría el veintitrés por ciento de la base actual, concentrada en el año 2028. Pasar del dieciséis al veinticinco por ciento del PBI requiere un incremento de más del cincuenta por ciento respecto a los niveles actuales. Los regímenes especiales no pueden, por su propia naturaleza, generar ese salto, advierte el instituto de la Fundación Mediterránea.
El Súper RIGI, en este contexto, supone un desvío respecto de la estrategia original: en lugar de avanzar hacia la generalización de las condiciones institucionales, se añade una nueva capa de excepciones.
El IERAL identifica tres objeciones principales. La primera es el costo administrativo: los regímenes especiales multiplican los incentivos para que las empresas reestructuren proyectos o fragmenten estructuras societarias con el único propósito de calificar, fenómeno que el propio proyecto reconoce implícitamente al incluir disposiciones anti elusión.
La segunda es el riesgo de debilitar la prioridad política de las reformas generales: cuando los inversores de mayor envergadura disponen de vías especiales para eludir los déficits institucionales, la presión por cambios que beneficien al conjunto de la economía (desde la visión de la Mediterránea) tiende a diluirse.
La última objeción se refiere al tipo de cambio: la expansión de exportaciones impulsada por grandes proyectos en energía y minería generará una oferta creciente de divisas que, en el mediano plazo, probablemente aprecie el tipo de cambio real, agravando la situación de los sectores urbanos más intensivos en mano de obra que ni el RIGI ni el Súper RIGI contemplan. Y hay que agregar también a las economías regionales, que ven afectada fuertemente su competitividad exportadora.
El IERAL asegura que el camino es priorizar las reformas generales: consolidación del equilibrio fiscal, eliminación del cepo cambiario, ordenamiento tributario integral y modernización del Poder Judicial y, en materia de regímenes especiales, ajustarse al diseño original del RIGI antes que crear uno nuevo.
El informe señala que los objetivos que se busca alcanzar con el Súper RIGI podrían, en gran medida, lograrse mediante ajustes al RIGI vigente, ampliando los sectores habilitados y orientando los incentivos hacia proyectos que aprovechen las ventajas comparativas del país (disponibilidad de energía barata, recursos naturales, climas propicios para centros de datos) más que hacia la acumulación indefinida de excepciones tributarias.
La discusión sobre el Súper RIGI no es, en definitiva, una discusión técnica sobre el diseño óptimo de incentivos a la inversión, es una discusión sobre el modelo de desarrollo. La Mediterránea cree que si la Argentina avanzará hacia un marco institucional general favorable para cualquier proyecto de cualquier escala, o si seguirá profundizando un sistema de islas de excepción en un océano de distorsiones que, para quienes no califican, permanece intacto.
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