Pacientes terminales esperan una definición sobre el fin de su sufrimiento, mientras el Gobierno Nacional posterga el debate sobre la eutanasia.
Eutanasia: los frenos que impiden legalizar la muerte asistida en Argentina.
La discusión sobre el derecho a decidir el final de la vida resurgió tras los avances legislativos en Francia. En Argentina, la provincia de Mendoza reimpulsó la iniciativa, aunque enfrenta la inacción nacional. Mientras rige la Ley de Muerte Digna -que solo permite rechazar tratamientos-, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, exigió un "debate civilizatorio" sobre la eutanasia.
El funcionario mendocino que, además, es miembro suplente de la Comisión Nacional de Bioética (CONABIO), encabeza el pedido para que "el Congreso aborde el tema, centrándose en la autonomía individual y la mitigación del dolor irremisible".
En diálogo con Sitio Andino, Montero analizó los principales dilemas éticos, asistenciales e institucionales que genera una eventual regulación de la eutanasia en el país.
A pesar de su pertenencia a la CONABIO, el organismo rector en evaluación ética de la salud en Argentina, el funcionario expuso las trabas internas para tratar el tema: "No veo clima en la Comisión de Bioética para que este tema avance; veo resistencia. Escucho hablar de 'momento político', de 'otros temas más importantes', de comisiones. Mientras tanto, hay pacientes que sufren situaciones insoportables y no tienen el derecho de decidir", manifestó.
Ante la postura de sectores de la comunidad médica que sostienen que primero se debe garantizar la cobertura integral del dolor antes que habilitar la muerte asistida, Montero desestimó la disyuntiva: "No es una cosa o la otra, ni una antes que la otra: son las dos. El objetivo es que las personas que atraviesan un momento irreversible y de alto sufrimiento puedan elegir".
Frente al cuestionamiento sobre la función del médico y el reparo de quienes rechazan intervenir en el procedimiento, se precisó que la norma contemplaría la objeción de conciencia profesional, bajo un esquema análogo al utilizado en la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE):
"El sistema de salud siempre defiende la vida. Pero en el caso de que el paciente lo decida, y se cumplan todos los requisitos clínicos y legales, el sistema ayuda al paciente en su decisión. No hay cambio de paradigma; es para casos extremadamente excepcionales. El sistema garantiza la práctica, los profesionales tienen la objeción de conciencia. Si se niega, entra otro profesional", explicó Montero.
Para clarificar el alcance del reclamo y despejar interpretaciones ambiguas, se enfatizó la estricta delimitación médica que deben contemplar este tipo de proyectos: la ley no busca reemplazar tratamientos ni desvalorizar la vida, sino ofrecer una salida con dignidad a padecimientos irreversibles y de corto plazo.
"Tiene que primar la vida. Estos proyectos aplican cuando la vida ya no es una opción y la muerte es inevitable en el corto plazo, para que el paciente pueda elegir cómo va a ser su muerte, si llena de dolor y sufrimiento o en paz. Ese es el único objetivo de estos proyectos", concluyó.
