21 de marzo de 2026
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Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

La cámara baja dio media sanción al proyecto que prevé mayores partidas a la educación superior. Qué dice la norma y cómo actuaron los legisladores de Mendoza.

La norma impulsada por la oposición fue aprobada por 158 votos afirmativos, 75 negativos y cinco abstenciones.

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Se aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron los diputados mendocinos

De los diez representantes por la provincia de Mendoza, cinco tomaron la palabra durante el debate del expediente. Tres de ellos protagonizaron un fuerte cruce durante un momento de "protagonismo" de los legisladores provinciales.

El más crítico fue Álvaro Martínez (LLA), quien calificó el proyecto como “populista y engañoso”, y acusó a la oposición de usar el sistema universitario como caja de militancia. Sostuvo que las universidades “se convirtieron en agencias de empleo para militantes”, y rechazó el aumento del gasto sin fuentes claras de financiamiento. En medio de su exposición, defendió a su compañera de bloque Mercedes Llano, a quien definió como “víctima del adoctrinamiento”, recordando que fue escrachada en la UNCuyo por su posición política en 2024. “Antes de hablar de ella, también deberían solidarizarse”, lanzó, en respuesta a los peronistas.

Embed - Diputado Martínez, Álvaro - LLA - Sesión 06-08-2025 - PL

Adolfo Bermejo (UxP) fue uno de los que interrumpió para responderle. Pidió “respeto por la Universidad Nacional de Cuyo”, valoró su prestigio y cuestionó los dichos de Martínez y Llano. “La diputada que habló antes es docente de esa universidad y la universidad merece reconocimiento, no ataques”, sostuvo.

Embed - Diputado Bermejo, Adolfo - UxP - Sesión 06-08-2025 - IN

También intervino Martín Aveiro (UxP), quien remarcó que la UNCuyo está gobernada por el radicalismo, en relación a la sugerencia de Martínez de que la comanda el “populismo”. “Nosotros acompañamos su gestión y la defendemos. Parece que con lo que se dijo, quien la gobierna es el peronismo, y no es así”, aclaró.

Embed - Diputado Aveiro, Martín - UxP - Sesión 06-08-2025 - IN

Por su parte, Mercedes Llano (LLA) había hablado antes del cruce. Rechazó el proyecto por considerarlo “incompatible con la política de déficit cero” y denunció que promueve gastos sin financiamiento definido, lo que “erosiona la autonomía responsable” del sistema universitario. También cuestionó los “sobredimensionamientos” y sueldos de autoridades universitarias.

Embed - Diputada Llano, Mercedes - LLA - Sesión 06-08-2025 - PL

En tanto, Julio Cobos (UCR) apoyó el dictamen y apuntó contra el oficialismo por el vacío presupuestario. Dijo que la falta de partidas para las universidades y hospitales como el Garrahan es resultado de una visión “excesivamente fiscalista” del Gobierno. “No hay autonomía universitaria si no hay financiamiento adecuado”, afirmó, y pidió recuperar el equilibrio institucional, federal y social. “Esta agenda no es demagógica, es producto de las circunstancias actuales”, remató.

Embed - Diputado Cobos, Julio - UCR - Sesión 06-08-2025 - PL

Así votaron los diputados mendocinos el financiamiento universitario

A la hora de la votación, los dos legisladores que le responden al gobernador Alfredo Cornejo —Pamela Verasay y Lisandro Nieri— no se encontraban en el recinto, en un guiño hacia el gobierno nacional, su aliado electoral para los comicios del 26 de octubre. Lo propio hizo el radical de Chaco, Gerardo Cipolini, hombre del riñón del gobernador Leandro Zdero, también aliado de los libertarios.

  • Lourdes Arrieta (bloque Transformación): afirmativo
  • Martín Aveiro (Unión por la Patria): afirmativo
  • Adolfo Bermejo (Unión por la Patria): afirmativo
  • Liliana Paponet (Unión por la Patria): afirmativo
  • Julio Cobos (UCR): afirmativo
  • Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): negativo
  • Mercedes Llano (La Libertad Avanza): negativo
  • Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): negativo
  • Lisandro Nieri (UCR): ausente
  • Pamela Verasay (UCR): ausente

Qué dice el proyecto de financiamiento universitario aprobado por Diputados

  • La iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un porcentaje que no podrá ser inferior a la inflación del período. Ese aumento deberá ser remunerativo y bonificable, y tendrá que hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
  • También establece que, dentro del año en curso, deberán incorporarse al salario básico todas las sumas no remunerativas otorgadas previamente. Además, el Ejecutivo estará obligado a convocar a paritarias un mes después de que la norma sea sancionada, con reuniones cada tres meses como máximo y garantizando actualizaciones mensuales no menores a la inflación.
  • En cuanto a los gastos de funcionamiento, el texto dispone que deberán actualizarse al 1° de enero de 2025 según la inflación acumulada desde mayo a diciembre de 2024, y continuar con actualizaciones bimestrales durante 2025 de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos ya otorgados este año deberán contabilizarse a cuenta.
  • El proyecto también ordena recomponer todas las líneas de becas estudiantiles, como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, tomando como base la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023. Además, prevé un incremento progresivo de los beneficiarios, en línea con la matrícula del nivel secundario y superior público.
  • Otro punto clave es que destina una partida especial para regularizar ingresos a la carrera de Investigador Científico, así como para garantizar el pago de becas posdoctorales y a ingresantes.
  • Respecto al financiamiento, la norma autoriza al Ejecutivo a usar créditos presupuestarios existentes, sin afectar ni la coparticipación federal ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También podrá financiarse con incrementos de recaudación por encima de lo previsto en el presupuesto vigente o prorrogado.
  • Finalmente, se establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) deberá ejercer el control externo administrativo sobre las universidades públicas. No obstante, el organismo está acéfalo por la falta de designación de sus autoridades, lo que hoy dificulta su funcionamiento.
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