El Gobierno de Javier Milei gira hacia el gradualismo: acepta una baja lenta de la inflación, impulsa el crédito y busca financiamiento externo para la deuda.
El Gobierno intenta instalar una nueva narrativa frente a las exigencias de resultados rápidos.
La política económica del gobierno de Javier Milei ha comenzado a emitir señales de una transformación sustancial en sus lineamientos fundamentales. Claro que, como todo lo que viene del gobierno libertario, hay que tomarlo con pinzas y esperar para creer.
Lejos de la retórica de campaña que anticipaba una erradicación fulminante de la inflación, el oficialismo ensaya en la actualidad un viraje concreto hacia el gradualismo, acompañado de medidas de flexibilización monetaria y una renovada estrategia de endeudamiento externo.
El primer pilar de este aparente nuevo esquema radica en un profundo cambio discursivo sobre el manejo del índice de precios. Durante la etapa proselitista, el actual presidente sostenía que la sola suspensión de la emisión monetaria derivaría en la desaparición del fenómeno inflacionario en un plazo no mayor a dos años, augurando incluso escenarios de inflación cero a corto plazo.
Sin embargo, ese enfoque de shock está siendo sutilmente archivado para dar lugar a una postura mucho más moderada. En los últimos días, el mandatario comenzó a validar públicamente análisis económicos que demuestran de manera empírica que los procesos de desinflación exitosos requieren de tiempos prolongados.
El cambio fue insinuado por el propio presidente en redes sociales al compartir informes técnicos y citas de periodistas militantes como Julieta Tarrés y Mariana Brey; el Gobierno intenta instalar una nueva narrativa frente a las exigencias de resultados rápidos.
Los estudios difundidos desde la cúpula del poder ilustran que a diversos países de la región les tomó casi una década alcanzar una inflación de un dígito mediante políticas sostenidas de ajuste fiscal y monetario.
De acuerdo con estos documentos, a naciones como Chile y Perú les llevó siete años lograr ese objetivo; a Brasil le tomó ocho años, y a Colombia, once. Al adoptar este argumento empírico, el oficialismo responde a las críticas sobre la urgencia de la crisis, apropiándose de la misma advertencia que otrora le formulaban sus detractores al señalarle que un plan de estabilización inmediato y absoluto podía resultar destructivo para la economía real.
La lectura de este cambio de discurso sugiere que el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a convivir temporalmente con una inflación persistente, similar a la experimentada en la primera etapa de gestiones anteriores, con índices que rondan entre el 25 y el 30 por ciento.
Este nivel de tolerancia responde a una necesidad política ineludible: evitar que la recesión económica y el rigor del ajuste (que ya ha mostrado su impacto estructural en áreas sensibles como el PAMI, la educación pública y las prestaciones de discapacidad) continúen erosionando la imagen de la gestión de cara a los próximos desafíos electorales.
En este contexto de necesidad de reactivación surge el segundo capítulo del plan económico: la flexibilización monetaria. Conscientes de la urgencia de despertar la actividad comercial, las autoridades del Banco Central han avanzado en la relajación de los encajes bancarios.
Esta herramienta técnica reduce la porción de los depósitos que los bancos comerciales están obligados a mantener inmovilizados, es decir, congelados en las arcas de la autoridad monetaria de forma precautoria.
Al liberar estos fondos, el Banco Central permite que las entidades financieras inyecten un mayor volumen de pesos en el mercado, una dinámica que presiona indefectiblemente a la baja las tasas de interés.
El objetivo central de esta maniobra es claro: abaratar y fomentar el retorno del crédito privado. Se busca que esta mayor liquidez brinde a las familias la posibilidad de retomar niveles de consumo y abonar resúmenes de tarjetas de crédito, al mismo tiempo que otorga a las empresas financiamiento accesible para sostener su operatividad diaria.
El tercer vértice de este reordenamiento estructural recae sobre la figura del ministro de Economía, Luis Caputo, y su estrategia para resolver la escasez de divisas y afrontar los inminentes pagos de deuda.
Frente a la imposibilidad de acudir al mercado tradicional debido a que el riesgo país se mantiene en niveles restrictivos cercanos a los 600 puntos, la cartera económica ha diseñado una sofisticada arquitectura financiera.
Las negociaciones actuales involucran directamente al Banco Mundial y a otros organismos multilaterales, entidades de las cuales el Gobierno espera obtener desembolsos por aproximadamente 4.000 millones de dólares.
La estrategia oficial consiste en utilizar estos fondos internacionales como garantía soberana para solicitar préstamos de mayor envergadura a entidades bancarias privadas. Mediante esta ingeniería de avales, la Argentina aspiraría a acceder a créditos por una suma de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, volumen que abarcaría la mayor parte de los vencimientos financieros del corriente año.
Al contar con el respaldo institucional de organismos apadrinados por potencias como Estados Unidos, el país lograría esquivar las altas tasas de interés exigidas actualmente por el mercado soberano.
En definitiva, el rumbo trazado por el Ejecutivo revela una adaptación pragmática a los límites de la macroeconomía. El modelo transita hoy desde el dogma de la desinflación drástica hacia un gradualismo asumido, complementado con el estímulo al crédito para oxigenar el mercado interno y la búsqueda de nueva deuda apalancada para honrar compromisos internacionales.
El éxito de este complejo entramado dependerá, en última instancia, de que el cambio de discurso se transforme en medidas y políticas reales de mejora de los salarios y reactivación del mercado interno.
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