Aprobado por mayoría en Diputados, el acuerdo fue rechazado por el PJ y otros bloques. Qué incluye y por qué generó polémica.
La ruta 7, una de las alcanzadas por el convenio
Foto: Cristian LozanoLa Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la ratificación del Decreto 1165, que contiene el convenio entre la Provincia y Vialidad Nacional por el cual el Gobierno provincial asume la ejecución, conservación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales, y se compromete a financiar las obras sin reembolso por parte del Estado nacional.
La iniciativa fue aprobada con 28 votos afirmativos, entre ellos los de Cambia Mendoza, el PRO, La Libertad Avanza, Más Mendoza y Hacemos por Mendoza. En tanto, hubo 12 votos negativos, principalmente del interbloque PJ y legisladores de La Unión Mendocina y el Partido Verde. También se registraron dos abstenciones y cinco ausencias.
Según el decreto, la Provincia podrá ejecutar las obras por administración o mediante contratación, conforme a su legislación, y también realizará los estudios de impacto ambiental correspondientes. El acuerdo tendrá una vigencia de 36 meses, aunque podría extenderse según la complejidad de los trabajos.
Además, el texto autoriza al Ejecutivo provincial a gestionar ante Nación la implementación de un sistema de concesión por peaje para los tramos involucrados.
Desde el oficialismo, Elisabeth Crescitelli (UCR) defendió el proyecto al señalar que se trata de tramos que “hace años no se mantienen y presentan altos niveles de accidentología”, por lo que la Provincia decidió intervenir. Destacó el trabajo conjunto con intendentes que asumirán tareas sobre calles colectoras.
También se manifestaron a favor Flavia Dalmau (UCR), quien consideró que “la inversión es necesaria”, y Gisela Valdez (UCR), que valoró que “al fin se hará una gran obra esperada por los sanrafaelinos”. Evelin Pérez (UCR) planteó que “los vecinos reclaman estas obras y es hora de dar respuestas”.
Desde los sectores aliados, Gustavo Cairo (LLA) apoyó el proyecto pero sugirió que el peaje tenga una tarifa diferencial para usuarios frecuentes, y opinó que el uso de los fondos con repago es un modelo saludable. También lo respaldó Enrique Thomas (PRO-Libertad), quien afirmó que se trata de “una decisión valiente del gobernador”.
Desde el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto cuestionó la falta de estudios técnicos y dictámenes presupuestarios, y sostuvo que “no estamos en contra de las obras, pero esto lo van a pagar todos los mendocinos”.
Juan Pablo Gulino, del PJ, advirtió que se está utilizando dinero de un fondo destinado a vivienda o inversión productiva, y que “esa plata no volverá rápido”.
Jimena Cogo (PRO) habló de “desviación de fondos” y “discriminación territorial”, y denunció que “la provincia asume cláusulas leoninas sin garantías de reintegro”. También Verónica Valverde (PJ) y Germán Gómez (PJ) expresaron objeciones a la implementación del peaje y al impacto sobre los municipios.
Desde otros bloques, José Luis Ramón (CxC) consideró que “se debería haber iniciado un juicio contra Nación y no pagar con fondos provinciales”, mientras que Gabriela Lizana (RJ-Libres del Norte) señaló que las rutas provinciales también están en muy mal estado. Jorge Difonso (LUM) cuestionó que se usen fondos con un destino original distinto y reclamó un enfoque “federal y participativo”.
Finalmente, Edgardo Civit Evans (PJA) llamó a los legisladores a “responder al mandato de sus territorios”, y a no desligarse “de los intereses de quienes los votaron”.
