Infraestructura en crisis: Argentina pierde 25 mil millones de dólares al año por falta de mantenimiento
Argentina pierde USD 25.000 millones al año por falta de mantenimiento en infraestructura, según CAMARCO. Alertan por impacto en logística y crecimiento.
Argentina pierde 25.000 millones de dólares por año como consecuencia directa de la falta de mantenimiento adecuado de su infraestructura. La cifra, difundida por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) tras la reunión de su 147.° Consejo Federal en la ciudad de Rosario, supera lo que el país debería abonar por el fallo del juicio sobre la expropiación de YPF (estimado en 16.000 millones de dólares) y es equiparable al total de exportaciones de manufacturas de origen industrial registradas durante 2025, que alcanzaron poco más de 23.000 millones de dólares.
La magnitud de la pérdida, sostienen los empresarios del sector, revela que la infraestructura ha dejado de ser tratada como una política de Estado para convertirse en la principal variable de ajuste del gasto público.
Infraestructura: La variable de ajuste que afecta a Argentina
La declaración emitida al término del encuentro fue categórica: "La falta de mantenimiento, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral han generado una deuda de infraestructura que compromete la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de la población". Sin aludir de manera directa al Gobierno nacional, el texto trazó un diagnóstico de deterioro estructural que involucra tanto a la administración central como a los distintos niveles del Estado.
Un déficit con respaldo técnico
CAMARCO recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya identificó la falta de inversión en infraestructura como uno de los principales problemas estructurales de la economía argentina. La advertencia, reiterada en distintos informes del organismo, adquiere nueva relevancia en el contexto de las negociaciones comerciales que Argentina procura profundizar: sin un sistema logístico competitivo, advierten los empresarios, la integración al comercio internacional seguirá siendo una promesa incumplida.
El estado de la red vial ilustra con claridad ese déficit. Aunque desde la Cámara se valoró el inicio del sistema de concesiones como un paso hacia la modernización del sector, se señaló con precisión una limitación de fondo: existen 30.000 kilómetros de rutas que no resultan concesionables para el sector privado y que, por lo tanto, dependen exclusivamente de la inversión pública para su conservación. Sin financiamiento estatal, ese tramo vital de la conectividad nacional permanece sin solución en el horizonte inmediato.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció semanas atrás, en una presentación ante el Atlantic Council en Washington, que la logística constituye una asignatura pendiente del modelo económico. En esa ocasión prometió la construcción de 12.000 kilómetros adicionales de rutas y afirmó que "en dos años la logística en la Argentina va a ser totalmente diferente". La respuesta del sector empresarial no fue de rechazo, sino de demanda concreta: antes de proyectar nueva infraestructura, es urgente atender lo que ya existe y se deteriora.
"La falta de mantenimiento, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral han generado una deuda de infraestructura que compromete la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de la población" "La falta de mantenimiento, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral han generado una deuda de infraestructura que compromete la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de la población"
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La destrucción de la infraestructura le representa una perdida multimillonaria en dólares a la Argentina
La deuda que ahoga al sector
Al reclamo por la parálisis de obras se suma una disputa financiera sin resolución: la deuda histórica del Estado nacional con las empresas constructoras. La falta de precisión sobre el bono anunciado por el Gobierno para cancelar esos compromisos genera, según la Cámara, una incertidumbre que agrava la ya precaria situación del sector. "Cada día de demora implica más empresas al borde del colapso y más empleos en riesgo", advirtió la declaración.
El fenómeno no es ajeno a otros actores económicos. En el mismo período, los exportadores denunciaron una demora de ocho meses en la devolución de reintegros, otro mecanismo mediante el cual el Estado difiere pagos para sostener el resultado fiscal positivo. En el caso de la construcción, el efecto de esa postergación se amplifica por la naturaleza del sector: de él dependen, de forma directa e indirecta, más de 60 ramas de la economía nacional.
La contracción de la actividad económica ha golpeado también al segmento privado, reduciendo proyectos e inhibiendo nuevas inversiones. Las empresas constructoras atraviesan, según el propio diagnóstico sectorial, "una crisis profunda por ser el sector donde más se ha sentido el ajuste".
Una hoja de ruta para la reactivación
Frente a ese panorama, el Consejo Federal de CAMARCO presentó un conjunto de medidas que, a su criterio, deberían integrar un plan nacional de infraestructura con carácter de política de Estado. Entre las principales: la reactivación inmediata de las obras paralizadas; el reconocimiento y cancelación de la deuda con las empresas contratistas; la normalización de fondos específicos como el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y el Fondo Hídrico; el diseño de un programa federal que contemple rutas, ferrocarriles, puertos, energía, agua y saneamiento; y la incorporación de mecanismos mixtos de financiamiento que integren al sector privado.
A ese núcleo central se suman propuestas de política habitacional (en particular, la activación de créditos hipotecarios) y medidas tendientes a garantizar transparencia en la ejecución de obras, promover el empleo formal y la capacitación en oficios de la construcción.
El Consejo Federal apeló a la dirigencia política con una síntesis que define la posición del sector: "Sin un plan de infraestructura, la Argentina no podrá crecer".