Oficina de Investigaciones Administrativas

Buscan un acuerdo para la reelección del auditor de los funcionarios y la oposición quiere modificar la ley

La diputada Mercedes "Mechi" Llano presentó una modificación a la Ley que designa al referente de la Oficina de Ética Pública.

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Titular de la Oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró.

Titular de la Oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró.

En la carátula se lee: “Elevando pedido de acuerdo para designar auditor general de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública Dr. Carlos Gabriel Balsells Miró”.

Si bien Cambia Mendoza cuenta con los votos para acompañar esta designación por otros cinco años más, la diputada del Partido Demócrata, Mercedes “Mechi” Llano, elaboró un proyecto para modificar la Ley de creación de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (Ley N° 8.993).

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Diputada Mercedes Llano del PD.

Diputada Mercedes Llano del PD.

El objetivo es despolitizar ese despacho para las elecciones futuras que tienen como fin combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

Llano describió que aquella persona que se seleccione “no pertenezca a ningún partido político ni haya tenido actuación en la función pública en los últimos diez años”.

Además, agregó que con esta propuesta se busca despolitizar el cargo y brindarle mayor independencia. “Debe ser elegido mediante el voto público de los dos tercios de los miembros del Senado a los fines que la idoneidad, prestigio e independencia del postulante sean tales que conciten altos niveles de consenso legislativo”, resaltó.

Las modificaciones:

  • Darle pleno poder al Auditor para investigar actos de corrupción, a través de todo tipo de acción judicial como legitimado activo, con el fin de que pueda evaluar e investigar las distintas variaciones patrimoniales de los funcionarios y legisladores de la Administración Pública.
  • Prohibición de reelección. Una vez que termine su mandato de cinco años no puede ser reelecto para el mismo cargo.
  • Inclusión de la figura de las denuncias anónimas como herramienta de investigación, siempre y cuando se encuentren especificadas, exista gravedad en el hecho denunciado y aceptar si el denunciante decide conservar el anonimato.

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