La Legislatura de Mendoza tratará la tercera etapa de la norma oficialista que apunta a derogar leyes en desuso. Las más llamativas del listado.
Buscan derogar cientos de leyes "obsoletas" en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes. Imagen generada con IA.
En la Legislatura de Mendoza fue presentada la tercera etapa del proyecto "Hojarasca", que apunta a derogar leyes consideradas en desuso, anacrónicas o que fueron sustituidas por normas posteriores. En el listado hay unas 134, sancionadas entre 1976 y 1990, que remiten a contextos económicos e instituciones que ya no existen o responden a climas políticos de la época, algunas de ellas llamativas y curiosas.
La propuesta impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado está orientada a "modernizar el sistema normativo" al limpiar 134 normas, derogar parcialmenta una y eliminar otras 16 de períodos previos que no fueron incluidas en las revisiones anteriores, bajo el argumento de que ya no tienen aplicación práctica o cuyos efectos se encuentran consumados, ya sea porque fueron superadas por el tiempo, la tecnología o leyes posteriores. Para ello, el equipo técnico legislativo analizó unas 574 iniciativas vigentes.
Más allá del objetivo técnico, el listado funciona como una radiografía de época, con leyes revelan prioridades productivas, urgencias económicas y debates institucionales de distintos períodos político que expone la transformación de la realidad mendocina.
Entre las normas que se busca eliminar aparecen textos que hoy resultan anacrónicos por el contexto histórico que regulaban, como un conjunto de hojas secas que caen de los árboles y se acumulan en el suelo. Una es la Ley 4777, que fija un precio mínimo para la exportación de vino en 0,06 dólares por litro y, aprueba un convenio para la compra de trolebuses a la Unión Soviética. Además, estipula la autorización para la adquisición de bienes o servicios a entidades estatales de los países a las que se exporta, lo que entraría actualmente en violación de los procesos previstos por la Ley de Administración Financiera 8706.
Otra llamativa es la Ley 5476, que obliga al Ejecutivo a implementar campañas de difusión del ajedrez en todos los establecimientos educativos, o la que impone el uso de los emblemas patrios en los despachos de los funcionarios de los tres poderes del estado, reparticiones autárquicas y descentralizadas, la cual "debe derogarse porque no tiene aplicación práctica ni control real".
También figuran iniciativas atravesadas por emergencias puntuales, como la 4988 y la 4990, que establecieron aportes y líneas de crédito especiales para los damnificados por el sismo de enero de 1985, que afectó a amplias zonas del territorio provincial, herramientas que ya cumplieron su objetivo hace décadas.
Asimismo hay una norma, la 5066, que fija que los familiares de legisladores fallecidos en ejercicio debían percibir la remuneración completa hasta la finalización del mandato. Hoy en día, "la norma resulta incompatible con los principios de razonabilidad, equidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos", dice la iniciativa que pretende eliminarla.
En materia financiera aparecen referencias a monedas desaparecidas y esquemas crediticios extinguidos. La Ley 5395, sancionada en 1989, autoriza préstamos para saneamiento provincial "por la suma de 125.400.000 australes". Otras normas condicionaban créditos a la registración de operaciones ante el ya desaparecido Banco de Mendoza.
El sector productivo concentra buena parte de las leyes que ahora se consideran obsoletas. Varias crearon fondos extraordinarios, regímenes de refinanciación o subsidios específicos para campañas agrícolas determinadas, cooperativas vitivinícolas en crisis o contingencias climáticas puntuales. En la mayoría de los casos, se trató de respuestas a situaciones coyunturales que no tienen vigencia en la actualidad.
La primera etapa de esta ley, que ya fue sancionada, abarcó el período 1896-1950, con 102 leyes analizadas y 75 derogadas. La segunda comprendió los años 1951-1975, con 172 leyes revisadas y 91 derogadas, y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. Se espera que pronto avance hacia su aprobación para luego impulsar la tercera etapa.