La media sanción en el Senado activó alertas en sindicatos y magistrados. El Ejecutivo arma su estrategia ante una judicialización que podría llegar a la Corte.
El proyecto del oficialismo se terminará de definir en tribunales.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que ya cuenta con media sanción del Senado y espera su debate en Diputados, abre un escenario de alta conflictividad judicial. Gremios, trabajadores y sectores del propio Poder Judicial anticipan presentaciones para frenar o cuestionar distintos artículos de la norma, mientras que el Ejecutivo ya diseña su estrategia para enfrentar una ola de demandas que, con el tiempo, podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Según publica La Nación, en el oficialismo descuentan que la judicialización será inmediata una vez sancionada la ley, con planteos que surgirán tanto desde el sindicalismo como desde la justicia laboral nacional, directamente afectada por el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la disolución del fuero laboral nacional y su transferencia a la órbita porteña. La reforma prevé que los nuevos juicios laborales sean tramitados por la justicia de la Ciudad, mientras que los expedientes iniciados antes de la sanción quedarán en manos de los juzgados actuales.
El esquema incluye el cierre de 30 de los 80 juzgados laborales nacionales, aquellos que hoy no cuentan con magistrados designados, y también la reducción de salas en la Cámara del Trabajo. La incertidumbre sobre el futuro de empleados y jueces encendió las alarmas internas y ya se evalúan acciones judiciales por presunta inconstitucionalidad.
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional advierten que la supresión de un fuero judicial resulta institucionalmente inadmisible, mientras que el gremio que conduce Julio Piumato anunció medidas de protesta ante el riesgo de pérdida de puestos laborales.
Más allá de los cuestionamientos, el margen de éxito de una ofensiva judicial no aparece claro. En los últimos años, la Corte Suprema dictó una serie de fallos que acotaron el alcance del fuero laboral, especialmente en materia de intereses e indemnizaciones, enviando señales que ahora juegan a favor del espíritu de la reforma.
Entre esos antecedentes se destacan sentencias que limitaron la capitalización de intereses en juicios laborales y anularon fallos considerados desproporcionados, lo que generó fuertes tensiones dentro de la Cámara del Trabajo. Ese camino jurisprudencial es leído en el Gobierno como un respaldo implícito a los cambios que impulsa el proyecto.
Además, con el fallo “Levinas”, el máximo tribunal consolidó el rol del Tribunal Superior de Justicia porteño como instancia de apelación, reforzando la idea de transferencia de competencias a la Ciudad.
Abogados laboralistas y gremios ya identifican artículos que podrían ser objeto de planteos individuales, incluso si la ley entra en vigencia. Entre los principales focos de conflicto aparecen:
La redefinición del concepto de salario, que excluye ítems como auto o celular corporativo para el cálculo indemnizatorio, pese a la doctrina amplia que la Corte sostuvo en fallos anteriores.
El pago parcial del sueldo durante licencias por enfermedad no laboral, una medida que podría chocar con tratados internacionales y precedentes del máximo tribunal. Si bien el oficialismo anunció cambios en este aspecto, el espíritu de la media sanción se mantendrá en Diputados.
La posibilidad de abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas, un esquema que despierta dudas sobre su constitucionalidad.
La reducción de indemnizaciones y multas a empleadores, señalada como un retroceso en la protección de los trabajadores.
Estos reclamos ingresarían, en primera instancia, por la justicia laboral porteña y luego podrían escalar al Tribunal Superior de la Ciudad y, eventualmente, a la Corte Suprema.
Mientras avanza el debate legislativo, la Casa Rosada ya trabaja en los escenarios judiciales posibles. La estrategia está coordinada entre la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Justicia, con la mira puesta en blindar la reforma frente a amparos y demandas colectivas.
En el oficialismo recuerdan que los gremios lograron frenar parcialmente el DNU 70/23 y el capítulo laboral de la Ley Bases, antecedentes que pesan en el diseño de la defensa. Aun así, confían en que el nuevo marco legal y la jurisprudencia reciente de la Corte jueguen a favor del Gobierno.
Por lo pronto, la reforma laboral avanza en el Congreso, pero todo indica que su implementación efectiva se definirá, más temprano que tarde, en los tribunales.
Fuente: con información de La Nación
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