En horas de la madrugada, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el gobierno. Con 42 votos a favor, 30 en contra y sin abstenciones, la propuesta obtuvo media sanción y avanza a la Cámara Baja para su tratamiento.
Con negociaciones a último momento, por parte de la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, los legisladores aprobaron el proyecto en general tras una sesión de más de diez horas.
"Los trabajadores sin opciones y las empresas sin previsibilidad son un país sin futuro", expresó Bullrich en el cierre del debate.
Santilli estuvo presente en el recinto junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en momentos cercarnos a la votación.
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Además, la exministra de Seguridad Nacional indicó: "Queremos salir de este sistema armado para vivir en el conflicto laboral permanente, que funde empresas, que destruye el empleo y que después disfraza eso como defensa del trabajador. Esta ley no viene a solucionar el problema del empleo, pero viene a romper ese círculo vicioso".
Patricia Bullrich cámara de senadores de la nación
Patricia Bullrich fue la encargada de cerrar el debate.
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Los legisladores destacaron que uno de los factores que impiden el crecimiento de las fuentes detrabajo son los altos porcentajes impositivos que tienen que abonar los empleadores. Otro punto que recibió críticas -por parte de algunos senadores- fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado para solventar los despidos.
Negociaciones y cambios para lograr la aprobación en el Senado
El gobierno nacional introdujo cambios de último momento en el capítulo laboral de la ley y resolvió mantener los aportesobligatorios a gremios y cámaras empresariales, aunque con límites porcentuales más bajos y sin establecer una fecha de caducidad, como estaba previsto inicialmente.
La definición implicó un nuevo gesto de la Casa Rosada hacia sindicatos y entidades empresarias, en medio de un clima de nerviosismo entre los sectores dialoguistas que reclamaban un trato equilibrado.
La versión previa del proyecto fijaba que los aportes destinados a cámaras empresariales no podían superar el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores, mientras que los correspondientes a asociaciones sindicales tenían un tope del 2%, tanto para afiliados como no afiliados.
Además, se establecía que a partir del 1 de enero de 2028 esos aportes patronales pasarían a ser estrictamente voluntarios. Ese punto fue finalmente descartado. Desde ahora, el oficialismo comunicará que los aportes seguirán siendo obligatorios para ambos sectores, aunque se eliminarán los porcentajes más elevados que algunos convenios contemplaban.