La exintegrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sostuvo que el debate está mal planteado y advirtió que bajar la edad “no soluciona” el fenómeno de la delincuencia juvenil. Propuso avanzar en justicia restaurativa y políticas públicas integrales.
Aída Kemelmajer cuestionó la baja de la edad de imputabilidad.
Foto: Prensa Diputados de la NaciónLa jurista mendocina Aída Kemelmajer, exmiembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, cuestionó el enfoque del proyecto que impulsa la baja de la edad de imputabilidad y aseguró que la discusión pública “está mal planteada”. En diálogo con Aconcagua Radio, Kemelmajer afirmó que el problema de los menores en conflicto con la ley penal es “mucho más complejo” que definir si la responsabilidad penal comienza a los 13, 14 o 16 años.
“Cuando usted pretende resolver un problema complejo con una solución tan simple como decir ‘voy a bajar la edad de la imputabilidad’, el problema no lo va a solucionar”, advirtió.
Para la exmagistrada, el eje del proyecto no debería estar puesto exclusivamente en la edad, sino en cómo responde el Estado frente a un fenómeno que involucra vulnerabilidad, exclusión social, consumo problemático y ausencia de políticas públicas eficaces.
Kemelmajer recordó entrevistada en el programa Haciendo Cumbre, que la Argentina tiene una ley que regula la situación de los menores infractores, pero señaló que se trata de una norma antigua, dictada en contextos no democráticos, que necesita revisión. Sin embargo, aclaró que la reforma no debe limitarse al número que fija la punibilidad.
“El problema es el chico infractor de la ley penal, no la edad a la que lo vamos a meter en el sistema penal”, insistió.
La jurista subrayó que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia internacional, toda persona menor de 18 años se encuentra en situación de vulnerabilidad. Citó además criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen esa condición especial.
“No se trata de justificar los hechos, pero sí de entender que estamos ante un ser humano en formación”, explicó.
En la entrevista, Kemelmajer planteó la necesidad de avanzar hacia modelos de justicia restaurativa, experiencias que ya se aplican en provincias como Córdoba y Santa Fe.
Este enfoque propone atender en primer lugar a la víctima, darle participación en el proceso y, al mismo tiempo, buscar que el menor infractor asuma su responsabilidad mediante mecanismos alternativos a la privación de la libertad.
“Meterlo preso no hace que el chico reconozca el error. Lo metemos en la cárcel y cuando sale vuelve a delinquir porque no hicimos nada con él”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que la reparación puede incluir trabajos comunitarios, tareas en beneficio de la propia víctima —si esta lo acepta— o programas de acompañamiento que apunten a modificar las condiciones que llevaron al delito. “Lo que me interesa es que no vuelva a delinquir. Son personas en formación”, remarcó.
Kemelmajer también respondió a uno de los argumentos más frecuentes a favor de la baja de la edad: que el Estado “no hace nada” cuando un menor no punible comete un delito. “No es cierto que el Estado lo deja libre sin hacer nada. Tiene la obligación de tomar medidas para que ese chico no vuelva a delinquir: que vaya a la escuela, que reciba tratamiento si tiene problemas de adicciones, que se atiendan las causas”, explicó.
A su juicio, el debate se simplifica peligrosamente cuando se reduce todo a la cárcel como única respuesta.
“La idea de que la única solución es la privación de la libertad es ceguera mental. Todos sabemos que eso no resuelve el problema”, afirmó.
La exjueza fue autocrítica respecto del funcionamiento del sistema juvenil penal y reconoció que “no funciona bien”. “Ningún padre puede estar tranquilo si su hijo tiene que someterse a la justicia juvenil penal. El sistema no funciona bien y eso es lo que hay que arreglar”, sentenció.
En ese marco, consideró que más allá de eventuales reformas legislativas, la clave pasa por la implementación de políticas públicas desde los poderes ejecutivos —nacional y provinciales— que aborden de manera integral las causas estructurales del delito juvenil.
“Perdemos tiempo discutiendo la edad cuando lo que deberíamos estar haciendo es sacar a los chicos de la droga, de la exclusión, de la vulnerabilidad”, concluyó.
Para Kemelmajer, la discusión no debe centrarse en un número, sino en construir un sistema que realmente funcione y ofrezca respuestas eficaces tanto a las víctimas como a los menores en conflicto con la ley.