Ernesto Sanz, exsenador nacional, explicó en Aconcagua Radio los alcances del fallo por YPF y analizó qué puede pasar si es apelado.
Ernesto Sanz celebró el fallo por YPF a favor de la Argentina y analizó el escenario que se abre.
Ernesto Sanz, exsenador nacional, habló en Aconcagua Radio sobre el histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el caso YPF. Además de celebrarlo, explicó cómo se interpreta esta decisión y qué consecuencias puede tener a nivel económico y político.
La Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York desestimó el reclamo que derivaba en la condena que obligaba al Estado a pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012. "Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino", indicaron.
Al respecto, Sanz afirmó: "Lo fundamental es que, más allá de las chicanas de uno y otro lado y de las atribuciones sobre el padrinazgo del éxito que siempre existe, lo más importante es que nos sacamos de encima una mochila de 18.000 millones de dólares que era impagable y que podía hipotecar el futuro económico en Argentina".
El radical opinó que durante más de once años se sostuvo una misma línea de acción, a pesar de haber atravesado distintos gobiernos -los de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei-, lo que, a su entender, constituye un mérito. No obstante, marcó una diferencia en el plano político al indicar que el actual acercamiento de Javier Milei con Donald Trump, y la eventual influencia de este último en la justicia de Estados Unidos, "probablemente" jugó a favor de la Argentina.
El fallo a favor de la Argentina puede ser apelado, aunque adivirtió que las chances de que el caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos son muy bajas. “Es muy difícil que la Corte intervenga”, señaló Sanz al describirla como un tribunal “de élite” que selecciona apenas entre 50 y 60 casos al año, todos de alta relevancia institucional o política.
A diferencia de lo que ocurre en Argentina, donde la Corte acumula un amplio volumen de causas, en norteamérica funciona como un tribunal estrictamente constitucional. “No es un tribunal que intervenga en todo tipo de conflictos; no actúa como una cuarta instancia”, explicó.
Sin embargo, el foco ahora está puesto en lo que suceda cuando el expediente regrese al juzgado. Allí, la jueza podría avanzar en una instancia clave: el “discovery”. Este proceso busca indagar en profundidad sobre el origen del reclamo y las operaciones vinculadas al fondo Burford. “Si la jueza avanza en ese camino, deberá reconstruir desde el inicio toda la operatoria”, afirmó.
Sobre el proceso de estatización de YPF explicó: "Yo voté a favor, siento orgullo de haber votado a favor y no me arrepiento porque en aquel momento Repsol estaba vaciando a YPF. Por un lado, porque se llevaba los dividendos de Repsol a Europa y África, donde tenía otros proyectos y no los reinvertía en la Argentina, y cuando aparece lo de Ekenazi el vaciamiento ya tiene que ver con autopagarse la venta de los Ekenazi".
"Cuando llegamos al momento de discutir la estatización yo no tenía ninguna duda de cómo había que votar. Por supuesto que obviamente había cuestiones de forma y ahí el radicalismo vota en general a favor, pero presentando un proyecto en particular distinto que respetaba la cuestión estatutaria", agregó.
La jueza Loretta Preska dictó una sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El eje del reclamo radicó en que, al nacionalizar la participación de Repsol, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno argentino no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Repsol fue compensada mediante bonos, pero no se realizó una oferta similar para los accionistas privados.
La resolución judicial favoreció a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización. La justicia de Estados Unidos le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación, lo que fue apelado por el Estado y, la semana pasada, desestimado a favor del país.