La crisis que atraviesa el agro mendocino comienza a repercutir en la Legislatura mendocina, días después de la movilización de productores del Este a la Casa de las Leyes y la Casa de Gobierno Provincial.
16 de febrero de 2026
Proyectos en la Legislatura propone declarar la Emergencia Agro Productiva y Vitivinícola en Mendoza ante la crisis del agro, la caída del consumo y el aumento de costos.
La oposición se activó en la Legislatura tras la protesta de productores la semana pasada.
La crisis que atraviesa el agro mendocino comienza a repercutir en la Legislatura mendocina, días después de la movilización de productores del Este a la Casa de las Leyes y la Casa de Gobierno Provincial.
Por un lado, la diputada Gabriela Lizana, del Frente Renovador Mendoza, presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Agro Productiva por el término de un año. En paralelo, el presidente del bloque justicialista, Germán Gómez, impulsó una iniciativa para declarar la Emergencia Vitivinícola en todo el territorio provincial. Ambas propuestas buscan dar una respuesta política a un escenario que los propios productores describen como terminal.
Las iniciativas legislativas, provenientes de sectores vinculados al entramado productivo mendocino, se apoyan en reclamos concretos del sector. En el caso del proyecto agro productivo, se sustenta en un petitorio firmado el pasado 10 de febrero por productores autoconvocados y organizaciones rurales, que advierten sobre una vulnerabilidad extrema en sectores clave de la economía provincial: vitivinicultura, horticultura, fruticultura y olivicultura.
En conjunto, estas actividades explican cerca del 25% del Producto Bruto Interno de Mendoza y sostienen, de manera directa e indirecta, a más de 100.000 familias.
En los fundamentos de ambos proyectos se repite el diagnóstico: la combinación de una fuerte caída del consumo interno, precios deprimidos en origen y un incremento sostenido de los costos de producción ha erosionado por completo la rentabilidad de las economías regionales.
Energía para riego, combustibles, agroquímicos y mano de obra conforman una estructura de costos que ya no encuentra correlato en los valores que recibe el productor, en muchos casos iguales o inferiores a los del año pasado.
El proyecto de Lizana advierte sobre el riesgo de un Estado ausente frente a una crisis que no solo es económica, sino también social. El abandono de fincas, el éxodo rural y la ruptura del tejido productivo aparecen como consecuencias posibles si no se adoptan medidas inmediatas.
La situación atraviesa de manera transversal a los distintos cultivos y regiones: desde viñateros que entregan su producción sin certezas de cobro, hasta horticultores que directamente optan por no levantar la cosecha ante precios que no cubren ni el flete.
En el caso específico de la vitivinicultura, la iniciativa de Gómez advierte sobre la caída de los precios de la uva y el vino, el incremento en insumos estratégicos y el progresivo deterioro financiero de pequeños y medianos productores, en un proceso de descapitalización que pone en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones.
La situación atraviesa de manera transversal a los distintos cultivos y regiones: desde viñateros que entregan su producción sin certezas de cobro, hasta horticultores que directamente optan por no levantar la cosecha ante precios que no cubren ni el flete.
Las iniciativas plantean herramientas para aliviar la situación financiera y operativa del sector.
El proyecto de Emergencia Agro Productiva propone subsidios del 30% en las tarifas de electricidad y agua para riego, refinanciación de deudas con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, exenciones impositivas y la intervención estatal mediante operativos de compra con precios referenciales mínimos.
Por su parte, la propuesta de Emergencia Vitivinícola contempla la creación de un Fondo Provincial de Emergencia y Estabilización, destinado a instrumentar medidas concretas de asistencia como la fijación de un precio sostén para la uva, compensaciones económicas directas, líneas de financiamiento para cosecha y acarreo, compra pública de subproductos y alivio fiscal para los productores afectados.
El objetivo declarado en ambos casos es garantizar condiciones básicas de subsistencia para los productores y evitar que la crisis económica derive en un deterioro social más profundo, con impacto en el empleo rural, la industria asociada y las economías departamentales.
El proyecto agro productivo propone, además, la creación de una Mesa de Diálogo Intersectorial Agropecuaria, que debería conformarse en un plazo de diez días. Incluiría al Poder Ejecutivo, legisladores, productores de todos los oasis, sectores industriales y organismos técnicos como el INTA y el INV, con el propósito de revisar la transparencia de las cadenas de valor y avanzar hacia soluciones de fondo que preserven los oasis productivos y la soberanía alimentaria.
La presentación del proyecto llega después de la escasa pero ruidosa movilización de productores y contratistas vitivinícolas autoconvocados desde el Este provincial hacia la Legislatura.
El eje del reclamo fue el precio de la uva, pero el trasfondo es el que ambos textos legislativos exponen: caída del consumo, suba de insumos, pérdida de rentabilidad y ausencia de políticas de Estado frente a una crisis que atraviesa al conjunto del agro mendocino.