Presentaron un proyecto en la Legislatura de Mendoza para aumentar las sanciones a funcionarios públicos multados por alcoholemia.
Alcoholemia positiva: buscan endurecer las multas para funcionarios públicos.
Foto: Gobierno de MendozaUn proyecto presentado en la Legislatura pretende endurecer las sanciones por alcoholemia positiva para conductores que sean funcionarios públicos en la provincia de Mendoza. El objetivo es establecer una escala "proporcional" de multas e inhabilitaciones, incorporando un agravante específico.
La iniciativa plantea la modificación de la Ley Nº 9.024 de Seguridad Vial y de la Ley Nº 9.099 del Código de Contravenciones y fue impulsada por la diputada Stella Maris Huczak (PRO - Propuesta Republicana) y otras legisladoras del bloque: Cintia Gómez Cintia, Jimena Cogo y Laura Balsells Miró.
Esto se da luego de varios casos registrados en la provincia que tuvieron como protagonistas a funcionarios, quienes fueron encontrados conduciendo bajo los efectos del alcohol en controles de tránsito. Como Gustavo Villegas, cuando era consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI); Jorge Teves, quien renunció a su cargo en el Ente de la Movilidad Provincial; o los concejales Miqueas Burgoa (Guaymallén) y Martín Antolín (San Rafael).
"La realidad mendocina demuestra que, pese a los avances en controles, campañas y reformas orientadas a desalentar conductas de riesgo, los episodios de conducción con alcoholemia positiva, incluso protagonizados por funcionarios públicos, persisten, lo que exige reforzar el efecto disuasivo de la norma y reafirmar que conducir bajo los efectos del alcohol no es una falta menor, sino un riesgo para la vida propia y ajena", advirtió la autora del proyecto.
La iniciativa presentada en la Legislatura de Mendoza apunta a "actualizar y precisar el régimen sancionatorio aplicable a la conducción con alcoholemia positiva, establecer una escala más clara y proporcional de multas e inhabilitaciones", incorporando un agravamiento específico cuando el infractor sea funcionario público nacional, provincial o municipal.
"No responde a un criterio punitivista, sino al reconocimiento de un mayor deber de responsabilidad institucional, ya que quien ejerce una función pública representa al Estado frente a la ciudadanía y debe observar una conducta acorde a esa investidura", dice el texto del proyecto.
El Juez, dice la iniciativa del PRO, deberá comunicar de manera inmediata la infracción constatada y la sentencia fijada a la autoridad superior u organismo del cual dependa el funcionario para "reforzar la transparencia y la coherencia interinstitucional, permitiendo que se evalúen las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder".