El informe del Observatorio Mumalá advirtió sobre el crecimiento de la violencia de género en los primeros meses de 2026. Mendoza no quedó al margen de la estadística.
Detrás de cada caso hay una historia interrumpida
En el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, un nuevo informe del Observatorio Mumalá encendió las alarmas con cifras que exponen la gravedad de la violencia de género en el país. Según el relevamiento nacional, 36 mujeres fueron víctimas de femicidio en los primeros dos meses de 2026, lo que equivale a una muerte violenta cada 39 horas en Argentina.
El dato impacta no solo por la magnitud, sino por el contexto. En la provincia de Mendoza, dos de esos casos permanecen bajo investigación, mientras familiares y organizaciones reclaman justicia.
El informe de violencias extremas por razones de género elaborado por el Observatorio Mumalá no solo detalla cifras, sino que advierte sobre un escenario que califican como crítico. Desde la organización reclamaron la declaración de la Emergencia Nacional en violencia de género.
De acuerdo al relevamiento, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron:
32 femicidios directos
2 femicidios vinculados
1 travesticidio
1 femicidio relacionado con el crimen organizado
172 intentos de femicidio
La cifra de intentos resulta especialmente preocupante. "Por cada mujer asesinada, al menos otras cinco estuvieron en riesgo inminente de muerte", remarcaron en el informe.
El informe también aporta datos importantes que permiten dimensionar el impacto social de estos crímenes:
Edad promedio de las víctimas: 35 años
Edad promedio de los agresores: 41 años
59% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima
24 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre en lo que va del año
Uno de los puntos más sensibles del relevamiento revela que el 12% de las víctimas había realizado denuncias previas, de las cuales, la mitad contaba con medidas de restricción vigentes que no evitaron el desenlace fatal, lo que vuelve a poner en discusión la eficacia de los mecanismos de protección.
En paralelo, datos oficiales citados en el informe indican que la atención directa a mujeres en situación de violencia cayó un 16% en comparación con 2024, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad sin el acompañamiento necesario.
Otro dato que genera preocupación es que el 9% de los agresores pertenecían a fuerzas de seguridad. En esos casos, el 33% utilizó su arma reglamentaria para cometer el crimen, un indicador que reabre el debate sobre los controles internos y la portación de armas en contextos de denuncias por violencia de género.
Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá, fue contundente al analizar el escenario actual: "La eliminación de políticas públicas y los discursos negacionistas y de odio de género del gobierno nacional generan obstáculos para el acceso a la justicia y al derecho de vivir libres de violencias".
Y agregó: "Construimos datos donde cada número refleja vidas truncadas por una violencia que se perpetúa ante la falta de prevención y asistencia".
Según los datos recabados por el Observatorio MuMaLá, dos casos ocurridos en Mendoza permanecen bajo investigación judicial. Ambos hechos se registraron en diciembre de 2025 y, hasta el momento, no se informaron avances significativos en el esclarecimiento.
El 15 de diciembre, salió a la luz la muerte de Gimena Gómez (38), madre de cuatro hijos. Un llamado al 911 alertó que un hombre había llegado a una vivienda ubicada en Luzuriaga, Maipú, y encontró a la mujer colgada del cuello. Minutos después, efectivos policiales arribaron al domicilio.
En el lugar se encontraba Jorge Miranda (57), pareja de la víctima. Según su primera declaración, se había retirado de la casa dos horas antes y, al regresar, la mujer no le abrió la puerta. Siempre de acuerdo a su versión, tras lograr ingresar halló a Gómez sin vida en el fondo de la propiedad, donde funcionaba un taller.
En un inicio, la causa fue caratulada como suicidio. Sin embargo, con el avance de la investigación, los peritos detectaron indicios que orientaron la hipótesis hacia un posible femicidio. A partir de esos elementos, Miranda fue detenido e imputado, y la causa cambió de dirección.
Días más tarde, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, el departamento de San Martín quedó conmocionado por el hallazgo de los cuerpos sin vida de Nadia Janet Sosa (35) y Franco Ismael Mancalla (31) en el interior de una vivienda. La principal hipótesis que manejaban los investigadores es la de femicidio seguido de suicidio.
Las primeras reconstrucciones indicaron que ambos cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo. Familiares de Sosa habían advertido que hacía dos días no lograban contactarla. Ante la falta de respuestas, su actual pareja y su hermano se dirigieron hasta el domicilio.
Al llegar, percibieron un fuerte olor proveniente del interior de la casa. Tras subir al techo y observar por las ventanas, confirmaron la peor sospecha: en el dormitorio de los hijos de la mujer se encontraban sin vida ella y el padre biológico de los menores.
Como se trataba de una propiedad alquilada, debieron contactar a los dueños para poder ingresar formalmente al inmueble. La investigación continúa en curso, a la espera de peritajes y resultados forenses que permitan esclarecer de manera definitiva lo ocurrido.
Las cifras difundidas por el Observatorio Mumalá no solo anticipan un nuevo 8M atravesado por el reclamo de justicia, sino que vuelven a exponer una problemática estructural: la violencia machista continúa cobrándose vidas a un ritmo alarmante, con fallas en los sistemas de prevención, protección y asistencia.
Mientras avanzan las investigaciones en Mendoza y en el resto del país, la estadística deja de ser un número frío: detrás de cada caso hay una historia interrumpida y familias que reclaman respuestas en un país donde, cada 39 horas, una mujer es asesinada por razones de género.
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