La Procuración General puso en marcha una Unidad Fiscal de Flagrancia en la Primera Circunscripción Judicial y creó áreas específicas en el sur y el este provincial.
En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal avanzó con una importante reforma en su esquema de actuación frente a delitos cometidos en flagrancia. La nueva unidad funcionará en la Primera Circunscripción Judicial y estará integrada por cinco Fiscalías de Instrucción.
El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé firmó la Resolución Nº266/2026 en la que se dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia, la cuál estará encabezada por el fiscal jefe Fernando Giunta.
Esta Unidad Fiscal de Flagrancia estará a cargo de aquellos delitos en los que el delincuente es atrapado en el momento del hecho o inmediatamente después. En este sentido, Giunta tendrá competencia para intervenir ya que están previstos en los artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal de Mendoza.
Esto incluye delitos dolosos, tanto consumados como en grado de tentativa, cuya pena máxima no supere los 20 años de prisión, con las excepciones previstas en la normativa.
Como parte de esta reconfiguración, también se habilitó la Fiscalía de Instrucción N° 43, que pasará a integrar la flamante unidad especializada.
La reorganización no se limita al Gran Mendoza. En simultáneo, el Ministerio Público Fiscal dispuso la creación de nuevas estructuras en el resto de la provincia:
En tanto, en la Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial, la aplicación del procedimiento de flagrancia continuará bajo la órbita de los fiscales departamentales, quienes deberán implementarlo dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que esta reforma se enmarca en una política institucional orientada a la modernización, especialización y gestión por resultados.
El nuevo esquema apunta a acelerar los tiempos de respuesta ante delitos recientes, mejorar la coordinación entre los distintos actores del sistema penal y fortalecer la percepción ciudadana sobre la eficacia de la Justicia, especialmente en situaciones donde se espera una intervención inmediata del Estado.
La resolución establece límites claros sobre la competencia de la nueva unidad:
Además, el funcionamiento del sistema requerirá una articulación permanente con juzgados penales colegiados, oficinas fiscales y organismos de gestión de audiencias, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos procesales previstos en la ley.
Egresado de la Universidad de Mendoza como abogado, posee un máster en la Universidad de Sevilla y una extensa trayectoria de formación continua, documentada en un pliego que abarca 53 páginas e incluye numerosos cursos y talleres en diversas áreas del Derecho Penal.
Ingresó al Poder Judicial en 2005 como prosecretario de la Segunda Fiscalía Correccional y desde 2009 se desempeña como fiscal de Instrucción. Tuvo un paso previo por la Unidad de Violencia de Género, de la que fue trasladado tras una denuncia por violencia psicológica presentada por su entonces expareja, hecho que generó un conflicto institucional en su momento.
Con 20 años de antigüedad en el ámbito judicial, su carrera combina experiencia en áreas sensibles, formación especializada y una actuación prolongada en distintas unidades fiscales de la provincia.
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